LL. URÍA. París Francia dispone desde ayer de una de las legislaciones europeas más restrictivas en materia de inmigración. La Asamblea Nacional aprobó por 367 votos contra 164 el proyecto de ley promovido por el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, que endurece los requisitos para obtener la residencia legal en Francia e impone nuevas obligaciones a los inmigrantes. El objetivo enunciado es conseguir una “inmigración escogida”, en función de las necesidades y disponibilidades del país en materia de empleo y asistencia social. Para los críticos de la ley, una pretensión ilusoria. Sólo la conservadora UMP votó en bloque a favor, y en contra los socialistas y comunistas, mientras que la centrista UDF dejó a sus diputados libertad de voto.
>

La nueva ley obligará a quienes aspiren a obtener un permiso de residencia temporal a firmar un contrato de acogida e integración por el cual se comprometan a seguir una formación cívica y a aprender el francés, además de respetar los principios republicanos. La renovación del permiso o la concesión de una carta de residencia de diez años estarán condicionados al cumplimiento de tales compromisos y a un conocimiento suficiente de la lengua.
>

El proyecto, que debe ser ratificado por el Senado, endurece también los requisitos para el reagrupamiento familiar y los matrimonios mixtos, y suprime la regularización automática tras diez años de permanencia ilegal en el país. La ley faculta al Gobierno para promover la concesión de permisos de residencia a profesionales cualificados, mientras que los demás trabajadores estarán sometidos a cuotas en función de la demanda laboral.
>