La decisión del presidente Bush de enviar 6.000 soldados de la Guardia Nacional a la frontera mexicana para controlar el flujo de inmigrantes ilegales ha provocado encendidas reacciones en Estados Unidos. Con esta medida, Bush, que se ha aliado con el Partido Demócrata para sacar adelante su plan sobre inmigración, frente a la férrea oposición del sector más conservador de su propia formación, pretende neutralizar la resistencia de ese núcleo irreductible para el que la inmigración es una cuestión de seguridad nacional.

El presidente ha decidido jugar a dos bandas ofreciendo a la comunidad inmigrante – con gran relevancia electoral – la regularización de buena parte de los 12 millones de indocumentados que viven en el país y, a la par, un aumento de la vigilancia de la frontera con México que acalle las protestas de los republicanos más exigentes. Deportar a millones de inmigrantes sin papeles que llevan residiendo varios años en EE UU y contribuyendo con su trabajo y sus impuestos a la buena marcha de la economía no se ajusta a la realidad; menos aún a la de una nación construida con la aportación de sucesivas oleadas de inmigrantes y en la que el acceso a la ciudadanía forma parte de su identidad. Pero tampoco se ajustaría a la esencia norteamericana una regularización de todos los irregulares sin más. Y eso es lo que ha pretendido Bush: perfilar una norma asimilable por todos.

El programa de inmigración propuesto es sensato en cuanto que exige a los residentes indocumentados el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la plena aceptación de los símbolos nacionales y el conocimiento del idioma oficial. Pero su paso por la Cámara de Representantes, en la que existe un mayor populismo que en el Senado, no va a ser fácil. Además, medidas como la de enviar a la Guardia Nacional a la frontera pueden eclipsar los puntos más interesantes de la norma que el presidente intenta impulsar. Pretender blindar la frontera sur es un gesto claramente voluntarista, dadas las condiciones físicas de la divisoria entre EE UU y México. De hecho, las medidas más importantes que puede tomar la Administración Bush son previas al cruce de la frontera y tienen bastante más que ver con remediar los bajos niveles de cooperación al desarrollo de EE UU en la región o a enderezar una política exterior latinoamericana casi inexistente, que con la necesidad de aumentar las patrullas militares en la zona.