El primer intento fue anulado, pero llega el segundo. El Ayuntamiento de Vitoria ha reiniciado el expediente para expulsar a 460 inmigrantes del padrón municipal que constaban hace casi tres años como inquilinos de un mismo local ubicado en la calle Zapatería y que, al mismo tiempo, era la sede de SOS Racismo. El Gabinete Alonso mantiene que esas personas estaban registradas «de manera ilegal» con el fin último de beneficiarse de las ayudas so – ciales a las que tienen derecho si cumplen seis meses empadronadas.

El primer intento del Consistorio para afrontar esta cuestión estuvo envuelto en la polémica. En 2004, el Ayuntamiento resolvió la expulsión del padrón de 489 personas. Pero SOS Racismo ha – bía llevado el caso a los tribunales y el 15 de febrero de este año el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló la decisión municipal de sacar a esos inmigrantes del listado. Según la sentencia, al Ayuntamiento se le había pasado el plazo para realizar el proceso. Tardó diez meses en notificar su resolución, cuando debería haberlo hecho en tres.

Entonces, el teniente de alcalde Javier Maroto anunció que Vitoria retomaría el proceso y culpó del retraso al Consejo de Empadronamiento, un órgano dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, que debe dar luz verde a las bajas, y que «tardó mucho en reunirse».

Dicho y hecho. El edil popular confirmó a este diario que el Ayuntamiento reinició ayer los trámites de expulsión del padrón, que esta vez afectarán a 460 extranjeros porque el resto ya constan como vecinos de otras ciudades. «Y en esta ocasión no se nos van a pasar los plazos», advirtió Maroto.

Otros 1.300

El concejal de Hacienda desveló que los técnicos municipales han detectado que SOS Racismo «está haciendo la misma trampa en otro local de Zapatería. Ellos verán. No vamos a permitir fraudes».

Además, el Ayuntamiento calcula que deberá dar de baja a otros 1.300 inmigrantes empadronados y que al no ser comunitarios deberían haber renovado su inscripción en el padrón antes de finales de 2005, algo que exige la Ley de Extranjería. En marzo el alcalde dio un mes a los 1.445 afectados para que hicieran el trámite, pero luego concedió una prórroga hasta el 31 de mayo «para dar todas las facilidades», dijo Maroto.

i.cueto@diario – elcorreo.com