«El que entra irregularmente en España antes o después va a salir», afirmaba tajante el pasado lunes la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Ayer volvía a repetirlo el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba: «Quien entre irregularmente en España será expulsado».

Sin embargo, el pasado martes por la noche 90 funcionarios de la Policía se quedaron en el aeropuerto de Barajas porque se anuló el viaje para el que habían sido movilizados: supervisar la repatriación a Mauritania y a Guinea – Bissau de 180 inmigrantes llegados irregularmente a Canarias, según confirmaron a este periódico fuentes del Ministerio de Interior.

Con el avión en pista, la tripulación preparada y el dispositivo de traslado montado, los funcionarios tuvieron que regresar a sus hogares sin cumplir la misión para la que les habían movilizado el día anterior.

Pero ésta no es la única ocasión en la que un traslado de inmigrantes no puede llevarse a cabo porque las autoridades del país de origen de los sin papeles no acepta su entrada alegando distintos motivos.

El pasado 4 de marzo, un avión que trasladaba a 25 subsaharianos y 31 policías tuvo que regresar a Madrid desde Guinea – Bissau porque las autoridades del país africano aseguraron que no habían recibido ninguna comunicación de la llegada de estos inmigrantes por parte del Gobierno español.

Tanto Guinea – Bissau como Mauritania firmaron acuerdos en materia de inmigración con España en el año 2003.

Pese a la existencia de estos tratados, al menos en dos ocasiones la orden de expulsión dictada por las autoridades españolas no ha podido hacerse efectiva.

Noventa policías – 50 de la Unidad de Intervención Policial y 40 de la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones – no pudieron viajar el pasado martes a Las Palmas de Gran Canaria para recoger a los 180 subsaharianos que debían expulsar.

De haberse producido el viaje, un primer grupo de funcionarios hubiera acompañado a 30 de estos sin papeles hasta Mauritania.A su regreso, otros 30 policías se habrían encargado de acompañar a otros 30 inmigrantes hasta este país africano. Y a su vuelta, los 30 policías restantes hubieran viajado en compañía del último grupo de subsaharianos con destino Guinea – Bissau. Cumplida su misión, los funcionarios habrían regresado a Madrid.

Sin embargo, el avión que esperaba en el aeropuerto de Barajas no llegó a despegar. EL MUNDO intentó ayer conocer las causas que impidieron que se cumpliera el acuerdo de repatriación que España firmó con Mauritania en 2003, pero no obtuvo respuesta en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Para el portavoz de Inmigración de la Confederación Española de Policía (CEP), Rodrigo Gavilán, «no se trata de un hecho aislado, sino de la segunda vez que se produce un error de coordinación».«Desde que las competencias en inmigración están repartidas entre Interior y Trabajo, vamos de chapuza en chapuza», subraya Gavilán, quien afirma que, en esta ocasión, el problema es aún mayor, ya que «estos traslados contaban con el aval de Moncloa», añade.

La llegada de más de 1.000 sin papeles en cayucos a las costas canarias este fin de semana llevó a la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, a anunciar un conjunto de medidas para «reconducir» el problema, al tiempo que aseguraba que el Ejecutivo había «reactivado» el acuerdo de repatriación con Mauritania y estaba trabajando para llevar a cabo más devoluciones a Níger, Guinea – Bissau, Senegal y Malí.