El presidente canario pretende protestar ante Zapatero por el incumplimiento del Ejecutivo central de los acuerdos adoptados en marzo del año pasado en los que se recogían una serie de iniciativas con las que se pretendía frenar la inmigración irregular. Adán Martín, ha reclamado al jefe del Gobierno una reunión urgente para abordar el problema de las últimas avalanchas de cayucos procedentes de África.


El Gobierno autónomo reconoce, no obstante, lo acertado de las medidas anunciadas el lunes por el Ejecutivo central, aunque el gabinete de Adán Martín exige que se concreten algunos de los compromisos y fijar fechas precisas para algunas de las medidas ya que se han producido muchos incumplimientos de lo acordado en 2005.


El encargado de dar cuenta de este acuerdo fue el consejero de la Presidencia, José Miguel Ruano, quien consideró que lo ocurrido “es la expresión de una crónica anunciada, previsible en el momento en que mejorasen las condiciones del mar, a la que han contribuido los incumplimientos del Gobierno del Estado”.


Ruano se quejó de que Canarias “está deslocalizada” de las políticas generales del Estado en comparación con otras comunidades, este “olvido”, agregó, ha sido una de las razones por la que el Gobierno ha actuado “con dispersión” política y sin dar prioridad a la inmigración irregular que llega al archipiélago.


Ayer llegaron al sur de Tenerife otros dos cayucos con 117 varones de origen subsahariano, con lo que el número de inmigrantes llegados al Archipiélago desde el pasado viernes supera los 1.200.


El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Castro Feliciano, dijo ayer en Valencia que los Juzgados de Instrucción de Tenerife que atienden los asuntos relacionados con la inmigración ilegal están “en colapso total” por la llegada de tantos sin papeles a la isla en pocos días. “Vienen porque se mueren de hambre”, dijo.