A juzgar por lo que sigue ocurriendo en el paso fronterizo de Irun, el Estado francés no se ha dado por aludido tras el tirón de orejas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que hace dos semanas puso negro sobre blanco que valerse de controles fronterizos por alerta terrorista para devolver migrantes contraviene la ley. Pese a ello, no cesan las devoluciones exprés de personas que tratan de atravesar el paso de Irun en dirección a Francia. Así lo pone de manifiesto nuevamente la Red de Acogida de Irun que, en su labor diaria de atención a los migrantes, ha documentado varios casos, entre los que figuran un menor y un turista brasileño. “Queda patente la arrogancia del Estado francés ante la sentencia”, denunció ayer Irungo Harrera Sarea, poniendo rostro a esas vulneraciones de derechos. Abdel, con documento acreditativo que demuestra que tiene 16 años, es un chico subsahariano que al llegar al Estado fue registrado por la Policía como mayor de edad. Hace dos semanas pasó por Irun. Tras descansar durante dos días en el albergue de acogida municipal Martindozenea, que gestiona Cruz Roja, prosiguió su singladura hacia Baiona, donde pernoctó en el centro habilitado para migrantes.

Según el relato de los hechos ofrecido por la red Irungo Harrera Sarea, el chaval puso rumbo a Toulouse, pero sus planes pronto se vieron truncados. En concreto, a la altura de Pau, en un control de la Policía. “Al no tener documentación en regla, fue trasladado a comisaría, donde comunicó que era menor”.

Y a partir de ahí comienzan los problemas para Abdel, cuando los gendarmes consultan en la base de datos europea sobre entradas en territorio Schengen. Es con este último nombre como se conoce a la pequeña ciudad de Luxemburgo, donde a mediados de los 80 se firmó un acuerdo para suprimir los controles fronterizos internos, adoptando una política común de visados que con el tiempo se ha ido diluyendo.

ATENTADOS YIHADISTASEl establecimiento de controles interiores de las fronteras guarda, en el caso de Francia, relación directa con los atentados yihadistas ya que, sobre el papel, en virtud del acuerdo Schengen de libre circulación, esos controles no deberían existir. Abdel ha podido comprobar que no es así.

Los gendarmes, tras esa consulta, comprobaron que en el registro de la policía española el chaval figuraba como mayor de edad. Procedieron a su devolución, trasladándole al puesto fronterizo de Somport, entre Francia y el Estado español, próximo a Candanchú. De ahí fue conducido a Jaca, donde estableció contacto con personas que le ayudaron para regresar de nuevo a la localidad bidasoarra. Desde ahí, como tantos otros compatriotas, ha proseguido de nuevo su viaje hacia Francia.

El caso de Abdel, según la Red de Acogida Ciudadana de Irun, ofrece varias lecturas. De entrada, “se trata de un control racista”. Incluso en el supuesto de que el chico fuera mayor de edad, tal y como quedó registrado en la ficha policial, “no procede la devolución exprés” en virtud del llamado acuerdo de Málaga, por el cual Francia y España se comprometieron a aceptar a las personas que son devueltas por encontrarse en situación irregular, siempre y cuando sean interceptadas en el plazo de cuatro horas desde que cruzan la frontera. Evidentemente, Abdel llevaba mucho más tiempo. “Además de ser una devolución ilegal, se trata de una vulneración del derecho superior del menor” ya que, según denuncia la Red de Acogida, Abdel manifiesta que no ha cumplido la mayoría de edad y no es escuchado, a pesar de mostrar el documento probatorio.

Con esta actuación se estarían vulnerando los derechos que garantiza la ley a los menores. “Es una devolución ilegal y denunciable. Lamentablemente, no se trata de una excepción, ya que esta práctica está a la orden del día en las policías fronterizas de ambos estados”, denunció ayer Irungo Harrera Sarea, que también alude a otro afectado, en este caso adulto.

Se trata de un ciudadano brasileño que llegó a Portugal como turista. Tras comprar un billete de tren para desplazarse desde Lisboa a París, fue identificado en Hendaia por la policía francesa y devuelto a Irun, a pesar de tener pasaporte en vigor y no haber superado los 90 días de estancia en el espacio Schengen que marca la ley para turistas. “Cabe añadir que el ciudadano brasileño es negro. Constatamos que es un control racista y es una devolución ilegal”.

El Ministerio del Interior cifra en 2.690 las readmisiones desde Francia a España durante 2017. Un estudio realizado por el profesor de la UPV/EHU Iker Barbero, que ha esbozado un mapa a partir de “datos extraoficiales” que han sido contrastados, eleva el número a 9.175. Es decir, el triple, entre los que tendrían cabida procedimientos como los que han afectado al menor y al ciudadano brasileño. Atendiendo a las cifras, resulta sorprendente el abismo que media entre la versión ofrecida por Interior y la fotografía que arroja el estudio.

La realidad indica, según las organizaciones sociales de apoyo a los migrantes, que junto al procedimiento oficial establecido hay un número “muy importante” de devoluciones que se realizan al margen de la ley. Entienden que el Estado evita revelar la verdadera trastienda “porque no quiere abrir ningún conflicto con el país vecino”. Así, en muchos casos, las personas que son interceptadas en el lado francés son devueltas por la Policía francesa a Irun “sin una comunicación previa”.

Desde Irungo Harrera Sarea denunciaron ayer “la flagrante violación de derechos y la legislación europea”, con el agravante de que hace dos semanas el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejó bien claro que “la directiva de retorno no se aplica en fronteras interiores”. Es decir, que Francia no puede utilizar los controles fronterizos establecidos por alerta terrorista para devolver a migrantes a España.

El punto de inflexión lo marcó el atentado yihadista contra el semanario satírico de izquierdas Charlie Hebdo(7 de enero de 2015), y varios ataques terroristas en diferentes puntos de París el 13 de noviembre de ese mismo año. A partir de ahí se abrió la espita de un estado de excepción que, en la práctica, sigue dejando su impronta a día de hoy en el paso fronterizo, lo que de facto, está provocando que desaparezca el acuerdo de libre circulación firmado en varios países europeos hace tres décadas.

La nueva sentencia establece que un Estado miembro que haya establecido controles en la frontera interior del espacio Schengen debido a una amenaza grave no puede valerse de ellos para aplicar la directiva de retorno de migrantes. Así lo declara el Tribunal en un fallo sobre el caso de un chico marroquí, quien en 2016 fue sometido a un control de identidad en territorio francés, cerca de la frontera terrestre entre Francia y España. Sucedió después de restablecerse los controles una vez que se declaró el estado de emergencia tras los atentados de París.

La directiva del retorno de la Unión Europea, aprobada en 2008, regula el procedimiento que siguen los estados miembros en la repatriación de personas en situación administrativa irregular. Pero la nueva sentencia aclara que esta medida no se puede aplicar en fronteras interiores en las que se han restablecido controles por circunstancias extraordinarias.

LOS HECHOS

Denuncia. La Red de Acogida Ciudadana de Irun denunció ayer los “controles racistas y las devoluciones ilegales” por parte de la policía francesa, unas prácticas que contravienen la nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La nueva sentencia El TJUE deja claro que un estado miembro que haya establecido controles en la frontera interior del espacio Schengen por amenazas terroristas, no puede valerse de esas medidas de excepción para hacer retornar a migrantes.

Aumentan la necesidad de protección. El número de menores no acompañados que pidieron protección en la UE ha aumentado de unos 10.600 en 2010 a 31.400 durante el año 2017.

POLÍTICA MIGRATORIA