Las reclamaciones relacionadas con los recursos destinados a personas en riesgo de exclusión disminuyen se han tramitado 713 frente a las 829 de 2017, pero el informe anual del Ararteko revela un problema recurrente, “que se repite anualmente”, relacionado con el funcionamiento de Lanbide y sus actuaciones en materia de gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

Son reclamaciones por las cuales el Ararteko ha emplazado al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales a que revise los casos. En ese sentido, el defensor del pueblo en el País Vasco, Manuel Lezertua, expuso ayer a modo de ejemplo las exigencias que requiere Lanbide a extranjeros que quieren acceder a la RGI, a los que se piden certificados de sus países en los que especifiquen que no tienen propiedades, “algo que es prácticamente imposible de conseguir”, en un contexto en el que el número de personas extranjeras inscritas en el padrón en la CAV es de 206.175. Durante el último año, la población de origen extranjero residente ha aumentado en 9.586 personas, lo que supone un total de 9,4% sobre la población total.

SUFICIENTES RECURSOSCon este telón de fondo, el informe del Ararteko constata que “se ha recibido un número elevado” de quejas que relacionadas con “la dificultad de presentar un documento que Lanbide exige para acreditar el requisito de no disponer de recursos”. El modo de cumplir con esa exigencia es presentando un certificado de bienes en el país de origen. Las personas extranjeras tienen “enormes dificultades” para presentar ese documento que -en opinión del Ararteko – tiene dudoso valor. Desde que se ha exigido, la información que ha ofrecido Lanbide al respecto “ha sido confusa”, asegura el Ararteko, que demanda un sustento legal más adecuado. “Cabe acreditar el hecho de no disponer de recursos suficientes mediante diversos medios de prueba y no únicamente con un documento determinado”. Es el problema que se están encontrando personas procedentes de Nigeria, Guinea Conakry y Ghana, “en donde no se está facilitando la legalización del certificado de las embajadas españolas en dichos países”.

El Ararteko desgranó que durante el año pasado se llevaron a cabo un total de 14.549 actuaciones, un 8% más que el año precedente, de las cuales 9.205 correspondieron a quejas y consultas y 61 a expedientes de oficio. Se resolvieron 1.658 expedientes de queja y se dictaron 1.113 resoluciones. Las administraciones afectadas corrigieron y modificaron la actuación que originó la reclamación en el 84% de los supuestos.

Otras áreas que absorben la mayoría de las quejas se centran en los ámbitos de la educación, sanidad, vivienda y bienes y servicios de las administraciones y más del 55% de los expedientes tienen relación con los derechos sociales.

Muchas de ellas, según señaló, se refieren a políticas públicas para garantizar la igualdad real y efectiva de todas las personas que afectan a mujeres, personas mayores, niños, discapacitados, colectivo LGTBI , inmigrantes y vecinos de etnia gitana, entre otros.

El Gobierno Vasco fue la administración contra la que más reclamaciones escritas se dirigieron, algo más del 60%, mientras que las que correspondieron a los ayuntamientos fueron un 27%.

El número de expedientes de queja en los que están implicados niños y adolescentes fue de 729, un 28% del total de las presentadas.