Un satélite alquilado o subcontratado para localizar buques nodriza, cuya existencia admite ya el Gobierno; una miniflota militar y aérea con unas funciones poco definidas de momento; una ofensiva diplomática con nueva Embajada incluida en Mali y doce funcionarios que trabajarán a pie de obra, son las «medidas de choque» dispuestas por el Ejecutivo para la nueva oleada de inmigrantes llegada a Canarias en los últimos cinco días que ha desbordado, una vez más, las escasas previsiones.

Ya han llegado más de 1.300 «sin papeles». Los últimos lo hicieron ayer: tres cayucos que arribaron a Tenerife con 196 subsaharianos a bordo. El total supone un nuevo récord y confirma que las mafias de la inmigración no sólo se han adelantado a los pasos de los responsables de Interior y Trabajo, sino que de nuevo han burlado las últimas medidas adoptadas por el Gobierno tras la crisis de los cayucos de marzo. En esas fechas, después del viaje de la vicepresidenta del Gobierno a Canarias y de los secretarios de Estado de Seguridad y Exteriores a Mauritania, se anunció que aumentaría la seguridad de las fronteras con patrullas españolas de vigilancia en esas costas y con refuerzos para Canarias.

La reacción de las mafias es la esperable. Ocurrió con las riadas de pateras en el Estrecho; se trasladaron a la costa oriental andaluza para evitar el SIVE. Antes de que éste haya empezado a funcionar volvieron a retomar las rutas hacia Canarias, que no han hecho sino intensificarse, sea cual sea el punto de partida. Y en medio, cientos de inmigrantes aprovecharon el «lapsus» de la frontera para saltar en avalancha las vallas de Ceuta y Melilla. Sólo en lo que llevamos de año han llegado a Canarias casi 6.700 subsaharianos, 1.900 más que en todo el año pasado. Desde el Ministerio de Trabajo dicen que hay que hacer hincapié en la «reducción drástica en el Estrecho y Granada/Almería», sin dar cifras.

Hasta la oleada del fin de semana ninguna de las medidas esperadas estaba aún en marcha – la patrullera partió el lunes de Marín (Pontevedra) – . Los radares fijos para detectar embarcaciones ilegales desde tierra anunciados para Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife tampoco se han materializado, sólo funcionan los móviles y la única isla que tiene centro de control como tal es Fuerteventura, pese a que las barcazas apenas arriban ya a esta isla y han tomado Tenerife como destino. Sólo se ha incorporado una patrullera del Instituto Armado y no ha aumentado la plantilla, según fuentes de la Dirección General de la Guardia Civil.

Estas fuentes muestran su sorpresa por los últimos anuncios del Gobierno. Nadie les ha informado de que el dispositivo naval de Defensa está supuestamente bajo su control. En cuanto a la contratación de los servicios de un satélite es más que posible que se opte por el satélite de observación «Helios 1B», lanzado por España, Italia y Francia en 1999.

Tanto desde el Ministerio del Interior como desde el de Asuntos Exteriores se asegura que una de sus funciones prioritarias será localizar barcos nodriza en alta mar, «algo imposible si no están balizados desde el origen porque no hay forma de distinguirlos de cualquier otro, a no ser que se le fotografíe remolcando el cayuco», señalan en la Guardia Civil. Los otros objetivos serían contar con información más certera sobre los puntos de salida de las embarcaciones y poder demostrarlo a los responsables de esos países a efectos de repatriaciones o futuros convenios de readmisión.

El asunto no es baladí, dado que el Ejecutivo no había admitido hasta el lunes mismo por boca de la vicepresidenta De la Vega la posibilidad de que las mafias estén utilizando este tipo de embarcaciones para acercar los cayucos o las pateras a Canarias. como había alertado la Policía. Agentes de este Cuerpo avisaron asimismo de que la ruta de origen se había desplazado hacia el sur de Mauritania y se había fijado, temporalmente, en Senegal, para eludir los acuerdos puntuales a los que había llegado España con Mauritania.

De la Vega también anunció una nueva «ofensiva diplomática». Como novedad se baraja la apertura de Embajada en Mali, que abarcaría también Níger y Guinea Conakry, así como el envío de doce diplomáticos a los países de la fachada atlántica africana para centrarse en asuntos de inmigración. Se intenta con esta medida cerrar de una vez acuerdos de readmisión o de cooperación con una serie de países exportadores de miles de emigrantes con los que existe un conflicto de antaño.

A la cabeza están Mali y Senegal que se niegan a firmar ningún papel que signifique pérdida de divisas para sus maltrechas economías. El problema es que aunque haya convenios en vigor, los inmigrantes que llegan están indocumentandos y sus países se niegan a proporcionarles documentos, señala la Policía. La alternativa para que Canarias no estalle es enviarlos a la Península donde tras ocuparse de ellos una ONG una temporada quedan en la calle sin posibilidad de ser repatriados.