DENTROde algo más de tres años, todas las personas que desempeñan trabajos de cuidados y que atienden a dependientes deberán contar con una acreditación profesional como cuidador, gerocultor, asistente personal o auxiliar de ayuda a domicilio. Mientras llega el final del plazo acordado en 2017 por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para que las trabajadoras la mayoría femenina en el sector de los cuidados es apabullante consigan la certificación profesional exigida, en Euskadi se dan pasos para avanzar en esa profesionalización de unas tareas que cada vez son más necesarias y demandadas.

El departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco ha preparado y planificado las convocatorias del Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias con el objetivo de que todas las personas dedicadas a los cuidados puedan cumplir con la certificación de cualificación exigida. Estos requisitos afectan tanto a los trabajadores de centros e instituciones sociales (residencias, centros de día, etc.), como a quienes atienden a dependientes en sus domicilios (ayuda a domicilio y cuidadoras contratadas por las familias). Hasta principios de marzo el Gobierno vasco había concedido casi 8.000 habilitaciones excepcionales y provisionales a personas que trabajan en la atención a dependientes y acaba de poner a disposición de quienes carezcan de título y tengan que acreditar capacitación profesional en este sector un total de 1.500 plazas en distintos cursos.

Estas medidas, que se tendrán que ir completando hasta finales de 2022, forman parte de un plan a cuatro años (2018-2022) con el que se busca “posibilitar que todas aquellas personas que están obteniendo la habilitación provisional y que han firmado y aceptado el compromiso a participar en los procesos de evaluación y acreditación de la experiencia laboral, puedan realizar la formación vinculada a los correspondientes certificados de profesionalidad o títulos de formación profesional”.

CERTIFICADOS EXPEDIDOS La exigencia de una acreditación de profesionalidad a los cuidadores de dependientes se acordó en 2008, pero en 2017, a la vista de que los plazos fijados eran inalcanzables y muchas personas iban a quedar fuera de la regulación, con el riesgo añadido de perder sus empleos, se estableció una prórroga que finaliza el 31 de diciembre de 2022. Según el acuerdo alcanzado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia, las auxiliares de ayuda a domicilio y asistentes personales que acreditaran una experiencia de tres años y un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos 12 años en la categoría profesional correspondiente, podían obtener una habilitación excepcional. Hasta marzo, el Gobierno vasco ha concedido 4.321 habilitaciones de este tipo.

Además, se estableció la posibilidad para las trabajadores de obtener una habilitación provisional, de las que se han concedido 3.364. Éstas van dirigidas a las personas que trabajan en algún servicio de atención a la dependencia, no disponen de la cualificación necesaria y tampoco tienen la experiencia suficiente para obtener la habilitación excepcional. Una habilitación provisional permite seguir trabajando, pero exige estar inscrito en un registro y comprometerse a que antes de 2023 se participará en los procesos de evaluación y acreditación de la experiencia profesional, o se realizará la formación correspondiente. De esta forma, las trabajadoras disponen de este plazo para acreditar haber realizado los módulos de formación o haber obtenido la habilitación.

En estos dos tipos de habilitaciones se está incluyendo a las trabajadoras que desempeñan labores de cuidado pero tienen contrato de trabajadora de hogar, y, en la práctica, la medida ya ha afectado a un buen número de mujeres inmigrantes que trabajan como internas en hogares del País Vasco. Desde la asociación Malen Etxea señalan que esta exigencia de cualificación puede ser un primer paso “para mejorar efectivamente las condiciones del sector, comenzando por la separación de trabajo de hogar del de cuidados”. “El tratamiento del servicio doméstico como un todo indiferenciado, sin distinguir entre modalidades de prestación, mantiene en la sombra la demanda social de cuidado y el déficit de cuidadoras. Significa, en la práctica, que una parte de este trabajo, especialmente el relacionado con los cuidados, no es reconocido como tal y continúa desatendido por las políticas públicas, además de por las estadísticas laborales y por los indicadores de actividad económica”, destacan desde Malen Etxea. Y es que la escasa cobertura ofrecida por la Ley de Dependencia (Ley 39/2006) y la insuficiente implicación de todos los miembros de las familias en las tareas de cuidados sigue haciendo imprescindibles en miles de hogares los cuidados y labores de estas trabajadoras.