La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado el “racismo institucional” del Estado con los menores inmigrantes porque los tratan “como migrantes antes que como menores”, así como la falta de acogida ya que, en Andalucía, solo el 39 % de los llegados fueron protegidos.

En un informe presentado hoy, la asociación ha lamentado las"sistemáticas vulneraciones" de los derechos de los menores inmigrantes, y ha afirmado que en 2018 llegaron al Estado español 7.053 menores, casi el doble que el año anterior, de los que 6.063 migraron sin compañía de adultos, según los datos de Unicef.

Los últimos datos publicados por el Observatorio de la Infancia de Andalucía, de 2017, indican que de los 3.306 menores que llegaron a la comunidad andaluza, solo un 39 % (1.309) fueron acogidos por el sistema de protección andaluz, según la asociación.

El informe también reprocha que la Junta de Andalucía deja de proteger a muchos menores cuando causan “abandono voluntario”, y considera que la comunidad autónoma es un lugar de paso, no de destino de los menores.

Además, el informe considera “fallido” el actual modelo de protección, en especial en lo relativo a la acogida de emergencia.

“Es de vital importancia señalan respetar el derecho de la infancia a ser escuchada, regular la figura de un tutor independiente” así como acelerar los trámites burocráticos y crear un protocolo entre las distintas administraciones y una red entre las autonomías.

La organización explica que la llegada de menores es una realidad desde hace más de 20 años, aunque en los últimos años es cuando se ha producido un aumento y “ha cobrado especial importancia ante la falta de previsión, planificación y coordinación entre las distintas instituciones”.

Ejemplos de ello son las “condiciones absolutamente intolerables” en Jerez, Córdoba y Sevilla, con menores durmiendo en el suelo y sin las “mínimas” medidas sanitarias, las trabas en la declaración de desamparo y la tramitación de la residencia, la imposibilidad del acceso a la educación a los mayores de 16 o la falta de recursos en mediación intercultural y en el apoyo psicológico, subrayan.

La vulneración de los derechos se producen desde que llegan en pateras o como polizones, según la asociación, que ha observado que “en ocasiones se les ata con bridas” y critica las pruebas de determinación de la edad y el tratamiento informativo en los medios de comunicación.

Además, la organización lamenta los discursos políticos “dirigidos a criminalizar” a los menores y plantearlos como “una carga desde el punto de vista económico, lo que provoca un aumento del racismo y la xenofobia, evidenciados en recientes ataques a centros de protección”.

“La única solución que han puesto encima de la mesa es la repatriación, algo que está destinado al fracaso y que se ha comprobado en programas anteriores”, concluye la asociación. EFE