Por primera vez desde que ganó las elecciones, José Luis Rodríguez Zapatero se enfrenta este año a un previsible balance negativo en el control de la inmigración ilegal africana a través de embarcaciones. A medida que el Gobierno ha ido cerrando las vías de acceso a los subsaharianos que intentaban llegar a España, éstos han ido abriendo nuevas rutas, cada vez más peligrosas. La primera que ensayaron arrancaba en el norte de Marruecos y suponía un viaje de 14 kilómetros a través del Estrecho de Gibraltar. La última, que arranca del norte de Senegal y tiene como objetivo el sur de Tenerife, implica una travesía atlántica de más de 1.200 kilómetros.

En 2003, el balance del último Gobierno de José María Aznar fue catastrófico. Nada menos que 19.176 inmigrantes alcanzaron las costas españolas. Las relaciones entre España y Marruecos eran cualquier cosa menos diplomáticas, y las autoridades de Rabat se negaban a ejercer el menor control sobre las embarcaciones que zarpaban desde su costa norte y desde el Sáhara Occidental, territorio que ocupan desde 1976. A Andalucía llegaron ese año 9.788 inmigrantes, la mayoría de los cuales desembarcó de las 130 pateras que arribaron a Cádiz. A Canarias llegaron en pateras otros 9.388, la mayoría en Fuerteventura (390 pateras) y Lanzarote (145).

Tras la victoria electoral de los socialistas, en marzo de 2004, Zapatero impulsó una política de buena vecindad con Marruecos que ese mismo año se reflejó en un descenso de los inmigrantes llegados a las playas españolas: 15.675; esto es: 3.500 menos que el año anterior. La extensión del Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) en las costas de Andalucía occidental desplazó la llegada de las embarcaciones hacia Granada y Almería, todavía libres del control de los radares y cámaras térmicas. Los cien kilómetros que separan el Sáhara Occidental de Fuerteventura se convirtieron en una ruta casi exclusiva de subsaharianos, para quienes el SIVE actuaba más como un instrumento de ayuda humanitaria que de control fronterizo, ya que facilitaba su rescate y traslado a suelo español, desde donde su repatriación era prácticamente imposible.

El control de las autoridades de Rabat sobre las costas marroquíes y saharauis se reflejó en un nuevo descenso de los inmigrantes que desembarcaron en 2005: 11.781, lo que supuso 4.000 menos que el año anterior. En sólo dos años, el Gobierno socialista había conseguido reducir la inmigración por mar en un 40%. Pero ese logro provocó un efecto perverso. Los inmigrantes subsaharianos se encontraron atascados en el norte de Marruecos y optaron por saltar las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. La crisis se saldó con 14 muertos y miles de deportados desde Marruecos.

A comienzos de 2006 la presión subsahariana encontró una válvula de escape en la ciudad mauritana de Nuadibú, muy cerca de la frontera con el Sáhara. El objetivo ya no eran las islas orientales del archipiélago canario, sino las occidentales. En concreto, Tenerife, a donde sólo hasta el 1 de mayo llegaron 45 cayucos con unos 4.500 inmigrantes a bordo. El Gobierno español negoció con Mauritania un mayor control de sus puertos. Las autoridades del país magrebí practicaron cientos de detenciones y la marea remitió… sólo durante un mes. Ése fue el tiempo que necesitaron los inmigrantes para abrir una nueva vía 600 kilómetros más al sur, en la ciudad senegalesa de San Luis. Sólo en este último mes, 2.000 inmigrantes han llegado desde esa localidad al sur de Tenerife.