BILBAO- La infancia en tránsito en Euskadi se relaciona con los menores extranjeros no acompañados, conocidos como menas. Dice que es una terminología reductiva.

-Es reductivo porque no permite contemplar las circunstancias acumulativas de vulnerabilidad: son menores y no están acompañados. Protagonizan movimientos de desplazamientos forzados, huyendo de la persecución o por necesidad, lo que los pone en peligro. Es un drama que se predica con los refugiados pero debiera predicarse también con ellos. Cada vez hay más necesidades de protección y, sin embargo, estamos disminuyendo los derechos.

Y además la infancia en movimiento no solo se reduce a los menas.

-El problema no son todos los menores extranjeros y no afecta solo a los no acompañados. Hay dos grupos representantes de movilidad forzada y otro tercero que seguimos ignorando: según las prospecciones demográficas y científicas, el grupo más importante en los próximos veinte años será el de las personas que se van a tener que trasladar como consecuencia del impacto medioambiental.

¿Qué instrumentos hay para proteger a los menores inmigrantes?

-El derecho es un instrumento de protección para los más vulnerables. Hay ejemplos en todo el mundo, pero los europeos solo pensamos en los del Mediterráneo, donde es cada vez más difícil protegerlos como consecuencia de acciones, como exigir que para pedir asilo se encuentren en territorio europeo y omisiones del deber de rescate de la persona que emprende el tránsito en condiciones brutales.

Denuncia el intento de borrar la condición de los menores para anteponer su condición de inmigrantes. ¿Es una forma de deshumanizarlos?

-La estrategia consiste en disimular la condición de menor y se concreta en intentos subrepticios de colocar por delante la condición de inmigrante irregular. Todos los estados que han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño saben que lo primero es la condición de menor que obliga a la autoridad a proteger sus derechos y a hacerse cargo de él.

¿Y cuáles son las estrategias que se emplean para no asumir esa carga?

-Además de negar su condición de menor, se dice que son sujetos de sospecha. Es el argumento del PP o de Vox, sobre todo Ceuta y Melilla, donde afirman que hay un problema que no es social sino económico. Piensan que hay que expulsarlos, pero como son menores crean otro estatuto: el de inmigrantes económicos menores. Así, pactan con Marruecos, por ejemplo, la devolución de los menores sin saber si se los están devolviendo a sus familias o incluso si son marroquíes. El argumento es que están en la calle, creando problemas de orden público, y omiten que ellos son los responsables de que no estén en la calle.

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¿Qué otros ejemplos de vulneraciones podría mencionar?

-Otro son las instrucciones sobre las pruebas para determinar que un menor es menor. Consisten en suponer que la medida escapular, con un porcentaje de error muy elevado, es suficiente para determinarlo. Incluso esa práctica tiene mayor prueba que un pasaporte válido.

¿Cómo se puede hacer ver que estos menores están desprotegidos y que, en el caso de que lleguen a delinquir, es por supervivencia?

-Es la tarea más difícil. Es más sencillo manejar esquemas fáciles. Gran parte del público huye del reportaje de cinco hojas, quiere dos titulares e imágenes truculentas. Hay que ver lo que les lleva a la comisión de un delito, cuántos casos nos encontramos en una situación de estado de necesidad, bajo la circunstancia de hurto famélico, y en qué medida es nuestra responsabilidad para que no se vean abocados a vivir así.

Flaco favor se realiza a estos menores durante la campaña, buscando réditos políticos a costa de utilizar la inmigración como amenaza.

-Recurren al miedo y al odio para sustentar su monopolio de dominación. La gente necesita píldoras: los buenistas dicen que no existe ningún problema y los que ven la inmigración como una dificultad, que lo es, dicen que deben ir fuera. Es más fácil crear píldoras buenistas o estigmatizantes que proponer soluciones. Todo eso exige trabajo e inversión de medios.

¿El que la competencia de atenderlos recaiga en las administraciones regionales favorece que el Gobierno central escurra el bulto?

-Hay una gravísima irresponsabilidad por parte del Gobierno central. Las estructuras municipales y regionales más cercanas son las que tienen la carga efectiva, pero si no tienen medios no pueden asumirla. Hay diferencias y mucha insolidaridad. De los 11.000 menores que existen en el Estado más de 5.000 están en Andalucía. El Gobierno central tiene que establecer una coordinación. Zapatero redujo las ayudas, Rajoy las eliminó y Sánchez no las ha recuperado. Si no se dan esas dotaciones económicas estamos hablando de voluntarismo.

Un estudio de sinhogarismo alertaba sobre el aumento de jóvenes extranjeros no acompañados en las calles de Bilbao. ¿Es parte del reto lograr que los menores se labren un futuro antes de cumplir 18 años?

-Es la segunda parte y es complicada, pero no se advierte el lado positivo. ¿Quién nos va a pagar la seguridad social en el horizonte de veinte años? Informes del Banco Mundial explican que no es sostenible sin un incremento de la población activa. El índice demográfico no es de reposición, pero tenemos contingentes de menores a los que podríamos habilitar para el mercado laboral y a los que arrojamos a la calle empujándolos a actividad marginal. Es un disparate.