En Madrid, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega se reúne con dos ministros, varios secretarios de Estado y un puñado de otros altos cargos para abordar lo que está ocurriendo en Canarias con la llegada masiva de inmigrantes irregulares. Es día festivo en Madrid (San Isidro) y se nota en las imágenes. Pérez Rubalcaba va sin corbata y Caldera pone cara de que la jefa le ha fastidiado una mañana en familia con el recado de que tenía que acudir urgentemente a La Moncloa. Al final, el Ejecutivo pone sobre la mesa unos medios que hasta la fecha habían brillado por su ausencia: se contratará un satélite para controlar mejor quién navega junto a las Islas, se agiliza el envío de las patrulleras prometidas a Mauritania y se sacan los billetes para una decena de diplomáticos que tendrán la misión de pasearse por varios estados africanos para convencerles de que no es bueno dejar salir a tanto inmigrante irregular. Puede que todo llegue un poco tarde pero bienvenida sea la hipersensibilidad madrileña.

Lo que se echa en falta en esa foto de familia en La Moncloa es presencia canaria. Vale que las competencias en el control de las fronteras son estatales; vale que las relaciones con otros países también son competencia del Gobierno central, y vale también que la devolución de los irregulares es también una labor que corresponde a Madrid, pero las costas a la que llegan los cayucos no son asturianas ni vascas ni catalanas. Es el nombre de Canarias el que está dando vueltas por todo el país con esta avalancha y es el destino turístico canario el que se ha convertido en improvisado destino de pateras y cayucos. Habrá quien piense que podría haber sido el ministro de Justicia, el grancanario Juan Fernando López Aguilar, el encargado de representar a las Islas en esa reunión pero teniendo en cuenta que en la mesa había algunos de los que están empeñados en exiliarlo a su tierra, mejor fue evitar roces innecesarios.

El espíritu de diálogo constructivo con las autonomías del que presume el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cae por su propio peso cuando, ante una crisis como ésta, todo se cocina en Madrid y luego alguien descuelga el teléfono para contarle al presidente Adán Martín lo que se ha decidido. No parece que se gane nada con esa voluntad de parcelar las competencias cuando lo cierto es que el problema es común. Tanta comisión bilateral Canarias – Madrid y tanta pantomima de colaboración entre CC y PSOE en Madrid y cuando hay un problema de calado, cada Administración pone remedio por su cuenta y riesgo.

Y así, ¿hasta cuándo?

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