La alarma generada por la llegada de un millar de inmigrantes irregulares a las costas de Canarias a bordo de cayucos el último fin de semana obligó ayer al Gobierno a tomar medidas para frenar las avalanchas. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunció un refuerzo inmediato del control de las fronteras marítimas con el África subsahariana, que incluirá el despliegue de buques de la Armada y de aviones – espía ‘P3 – Orión’ del Ala 11 del Ejército del Aire, que efectuarán misiones de reconocimiento en la zona de Senegal y Mauritania, así como un satélite que ‘espiará’ a las embarcaciones que salgan hacia Canarias.

La vicepresidenta primera hizo este anuncio tras mantener en el palacio de La Moncloa una reunión de urgencia con los ministros de Trabajo e Interior, Jesús Caldera y Alfredo Pérez Rubalcaba; el director del CNI, Alberto Sáiz; los secretarios de Estado de Interior, Trabajo y Defensa, y altos cargos del Ministerio de Exteriores. El encuentro, que duró más de dos horas, sirvió para dar luz verde a un dispositivo aeronaval de vigilancia, cuyo diseño ultima Defensa y que estará operativo esta misma semana.

De la Vega informó de que, además, se enviarán a la zona efectivos de vigilancia marítima de la Guardia Civil y «vamos a contratar el servicio de un satélite» que aportará datos sobre la salida de embarcaciones desde las costas africanas rumbo a Canarias.

Países de tránsito

El Ejecutivo reforzará también la presencia del servicio de inteligencia en Mauritania, Senegal y Guinea, y en países de tránsito para los inmigrantes como Mali o Níger, para saber de antemano «cómo se mueven los flujos migratorios» en todo el África subsahariana. Se trata de «actuar de manera preventiva y disuasoria», subrayó la ‘número dos’ del Gobierno, «porque teniendo más información podremos actuar sobre el terreno para evitar esa travesía».

Junto al despliegue militar y policial, el Gobierno anunció una ofensiva diplomática, que incluirá el envío de diez diplomáticos más y oficiales de enlace a los países de la región para mantener «contactos permanentes» en esta materia con sus autoridades. La vicepresidenta anunció asimismo que «pronto» habrá acuerdos para repatriar indocumentados – similares al ya suscrito con Mauritania – con Senegal, Níger, Mali, Ghana, Cabo Verde, Camerún y Guinea Bissau.

Además, el Ejecutivo negocia acuerdos con varios de estos países para luchar contra las mafias que trafican seres humanos. El próximo viernes, el Consejo de Ministros aprobará el Plan África, que incluye la apertura de una embajada en Mali y un aumento de la cooperación con los países emisores y de tránsito.

De la Vega dejó claro que «en España sólo va a haber inmigrantes regulares». Lo más importante, explicó, es que «quien entre de forma irregular, antes o después va a salir» ya que «uno de los instrumentos más importantes de nuestra política migratoria son las expulsiones», recalcó.

La vicepresidenta subrayó que el control de la «terrible realidad» de los «millones de seres humanos que salen de su país en busca de una vida mejor» es una de las prioridades del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde comienzos de 2006, explicó, la presión migratoria se ha reducido en las fronteras de Ceuta y Melilla y «desplazado» al archipiélago canario. Para paliarlo, desde marzo aumentó la colaboración entre los gobiernos central e insular, sobre todo en materia de repatriaciones, seguridad, acogida y cooperación con los países de origen.

Nuevas pateras

El Gobierno canario, que acusó el domingo al Ejecutivo central de actuar con «dejadez» y de no cumplir sus compromisos en materia de repatriación de indocumentados, pidió un encuentro de su presidente, Adán Martín, con José Luis Rodríguez Zapatero para debatir posibles soluciones al problema, que amenaza con «desbordar» la capacidad de acogida de las islas. En los últimos quince días han llegado al archipiélago más de 1.500 indocumentados. Un total de 161, entre los que se encontraban dos menores, arribaron ayer en dos barcazas al puerto de Los Cristianos, al sur de Tenerife, mientras durante la madrugada del domingo al lunes llegó al sur de Gran Canaria otra embarcación con diez inmigrantes indocumentados.

La vicepresidenta – que visitó Canarias en marzo para tratar este asunto con sus autoridades – aseguró que el domingo habló con Martín y que ambos mantendrán otra reunión en breve. Sin embargo, no dio una fecha para la entrevista entre el gobernante canario y Rodríguez Zapatero. El jefe del Ejecutivo, explicó, mantiene contactos habituales con todos líderes autonómicos y «también recibirá en su momento al presidente canario».

De la Vega repasó las últimas medidas impulsadas por el Ejecutivo para paliar la situación que se vive en Canarias, e hizo énfasis en el aumento de los fondos destinados a sufragar la acogida de indocumentados. «Hay instrumentos suficientes para hacer frente a la situación», pero «si hicieran falta más medios, se pondrían», afirmó.

Para hacer frente a este problema, cuya dimensión afecta a la Unión Europea, el Gobierno ha pedido ayuda a Bruselas. La vicepresidenta aseguró que desde el primer día «trabajamos para que haya una política europea común» y se han aumentado los contactos, sobre todo con Italia y Grecia, que también son frontera sur del continente. En este sentido, La Unión Europea va a pedir que los países subsaharianos se hagan «corresponsables» del control de la inmigración ilegal, según anunció ayer el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que presentó ayer al Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE la situación que se vive en Canarias.

El ministro indicó que en la UE hay una «nueva actitud», que es «pedir políticamente» dentro del marco del Acuerdo de Cotonou (entre la Unión y los países de África, Caribe y el Pacífico), que estos países «comprendan el desafío que todos estamos viviendo y se hagan por tanto corresponsables» de la gestión de los flujos migratorios.

Los países africanos recibirán nuevos fondos europeos como asistencia para poder controlar y gestionar la inmigración de sus ciudadanos, explicó Moratinos. Además, la Comisión Europea tratará con varios países como Mauritania, Mali o Senegal, dentro de su diálogo político habitual, de ejercer una «labor de persuasión y de movilización» de sus autoridades.

La patrullera de la Guardia Civil ‘Río Duero’ partió ayer hacia Mauritania desde la Escuela Naval Militar de Marín, en Pontevedra, con la misión de colaborar con las autoridades del país africano en la lucha contra la inmigración ilegal. Su envío a la zona supone la puesta en marcha del proyecto Atlantis de colaboración entre ambos países.