MADRID. La alarma generada por la llegada de más de un millar de inmigrantes irregulares a las costas de Canarias a bordo de cayucos el pasado fin de semana obligó ayer al Gobierno a tomar medidas para frenar las avalanchas. Con la llegada anoche de un segundo cayuco al puerto de Los Cristianos, sur de la isla, con un total de 79 inmigrantes indocumentados a bordo, se eleva la cifra a 161 personas llegadas ayer a la isla en dos barcazas. Además, en la madrugada de ayer llegó al sur de Gran Canaria otra embarcación con diez indocumentados.

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunció un refuerzo inmediato del control de las fronteras marítimas con el África Subsahariana, que incluirá el despliegue de buques de la Armada y de aviones – espía P3 – Orión del Ala 11 del Ejército del Aire, que efectuarán misiones de reconocimiento en la zona de Senegal y Mauritania. De hecho, ayer partió la patrullera de la Guardia Civil Río Duero hacia Mauritania desde la Escuela Naval Militar de Marín, en Pontevedra, con la misión de colaborar con las autoridades del país africano en la lucha contra la inmigración.

La vicepresidenta primera hizo este anuncio tras mantener en el palacio de La Moncloa una reunión de urgencia con los ministros de Trabajo e Interior, Jesús Caldera y Alfredo Pérez Rubalcaba; el director del CNI, Alberto Sáiz; los secretarios de Estado de Interior, Trabajo y Defensa, y altos cargos del Ministerio de Exteriores. El encuentro, que duró más de dos horas, sirvió para dar luz verde a un dispositivo aeronaval de vigilancia, cuyo diseño ultima Defensa y que estará operativo esta misma semana.

Informó de que, además, se enviarán a la zona efectivos de vigilancia marítima de la Guardia Civil y «vamos a contratar el servicio de un satélite» que aportará datos sobre la salida de embarcaciones desde las costas africanas rumbo a Canarias. El Ejecutivo reforzará también la presencia del servicio de inteligencia en Mauritania, Senegal y Guinea, y en países de tránsito para los inmigrantes como Malí o Níger, para saber de antemano «cómo se mueven los flujos migratorios» en todo el África subsahariana. Se trata de «actuar de manera preventiva y disuasoria», subrayó De la Vega, «porque teniendo más información podremos actuar sobre el terreno para evitar esa travesía».

Junto al despliegue militar y policial, el Gobierno anunció una ofensiva diplomática, que incluirá el envío de diez diplomáticos más y oficiales de enlace a los países de la región para mantener «contactos permanentes» en esta materia con sus autoridades. La vicepresidenta anunció asimismo que «pronto» habrá acuerdos para repatriar irregulares – similares al ya suscrito con Mauritania – con Senegal, Níger, Malí, Ghana, Cabo Verde, Camerún y Guinea Bissau. Además, el Ejecutivo negocia acuerdos con varios de estos países para luchar contra las mafias que trafican con seres humanos.

Expulsiones

Dejó claro que «en España sólo va a haber inmigrantes regulares». Lo más importante, explicó, es que «quien entre de forma irregular, antes o después va a salir» ya que «uno de los instrumentos más importantes de nuestra política migratoria son las expulsiones», recalcó.Subrayó que el control de la «terrible realidad» de los «millones de seres humanos que salen de su país en busca de una vida mejor» es una de las prioridades del Gobierno. Desde comienzos de 2006, explicó, la presión migratoria se ha reducido en las fronteras de Ceuta y Melilla y «desplazado» al archipiélago canario.

El Gobierno canario, que acusó el domingo al Ejecutivo central de actuar con «dejadez» y de no cumplir sus compromisos en materia de repatriación de indocumentados, pidió un encuentro de su presidente, Adán Martín, con Zapatero para debatir posibles soluciones al problema, que amenaza con «desbordar» la capacidad de acogida de las islas. La vicepresidenta aseguró que el domingo habló con Martín y que ambos mantendrán otra reunión. Sin embargo, no dio una fecha para la entrevista entre el gobernante canario y Rodríguez Zapatero. COLPISA