Cerca de un millar de personas, originarias en su mayoría de países subsaharianos, han llegado en las últimas horas a Canarias. Esta nueva entrada de inmigrantes ha provocado la queja de las autoridades isleñas, a las que el Gobierno de Madrid ha tratado de satisfacer evocando las consabidas presiones sobre Mauritania. Las declaraciones siguen el mismo patrón que aplica el Gobierno español cada vez que se produce un «preocupante pico» en la curva migratoria por la que se rigen sus relaciones con el Magreb.

Convertido en gendarme de la frontera sur europea, el Estado español combina sus labores propias de vigilancia de la inmigración con el reparto de fondos a gobiernos de dudosa catadura democrática para que ejerzan, a modo de subcontratas, el trabajo sucio en la represión de la inmigración. Así, la dialéctica de firmeza que Madrid exhibe, antes con Marruecos y ahora, cada vez más, con Mauritania, siempre que se produce un aumento en la llegada de inmigrantes es algo así como una queja del patrón hacia el obrero que no cumple con su trabajo como él quiere; y en el caso del Magreb, equivale a la queja del obrero ante el patrón por el incumplimiento de la parte económica del convenio.

La política de inmigración que desarrolla la Unión Europea en su vertiente sur ha derivado en un consentimiento hacia los métodos más expeditivos. De tal forma que la ministra portavoz de Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, defiende la eficacia del sistema de las repatriaciones, sin importarle los numerosos informes que denuncian las expulsiones irregulares de inmigrantes procedentes del Africa subsahariana por parte de los gobiernos del Magreb con flagrantes violaciones de las convenciones internacionales. ¿Forman parte de esas eficaces repatriaciones el abandono de gentes en el desierto o su entrada ilegal en Argelia, siempre a cargo de Marruecos?

Las autoridades marroquíes declaran expulsar cada año a no menos de 20.000 ciudadanos subsaharianos que llegan a su territorio como paso a Europa. Argelia retuvo a más de 10.000 de estos ciudadanos el año pasado. El norte de Africa se puebla de campos de concentración, cuyas paredes y verjas se financian con fondos de la UE. La actual política euromediterránea no aborda los problemas estructurales y ampara las violaciones de derechos fundamentales, lo que provoca un drama humano inaceptable, además de demostrarse ineficaz. –