Los cayucos procedentes de Mauritania o Senegal, que no constituyen el cauce más numeroso de la inmigración ilegal aunque sí el más alarmante, vuelven a acreditar que las autoridades españolas se ven desbordadas ante un fenómeno que ya se sitúa entre las primeras preocupaciones de los ciudadanos. Y, una vez más, desde el Gobierno se va a responder a las avalanchas de los dos últimos fines de semana en las costas de Canarias con medidas que tendrán mucha más repercusión mediática que efectividad real.

La llegada semanal de un millar de indocumentados a los puertos de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera y Fuerteventura desafía a las fuerzas policiales, las organizaciones asistenciales y las autoridades autonómicas, locales y centrales; en definitiva, a todos los implicados en el control marítimo, el auxilio a los rescatados y la gestión de las repatriaciones. Y ya han comenzado a aflorar los primeros reproches entre los gobiernos regional y central, lo que configura un pésimo escenario para ajustar la imprescindible cooperación que requiere una situación como la que se vive en las Islas.

De la reunión de urgencia celebrada ayer en La Moncloa ha salido un mensaje de tranquilidad cargado de voluntarismo, y poco más. El Plan de Inmigración para Canarias pactado el año pasado por Asuntos Sociales y el Ejecutivo isleño ya no da más de sí, y diez diplomáticos enviados a toda prisa a África y un satélite para intentar controlar los barcos nodriza desde los que se cree que ahora lanzan las mafias los cayucos cargados de ‘sin papeles’ no van a frenar un fenómeno de las características que ha alcanzado ya la inmigración ilegal en nuestro país.

Gestionar los efectos del que posiblemente sea el mayor problema social al que se enfrenta Europa en este siglo no es tarea fácil, pero la complejidad del reto no justifica la falta de decisión del Gobierno y sus insuficientes gestiones – compatibles con las ofertas de ayuda – tanto ante las autoridades de los países emisores de inmigrantes como ante una Unión Europea incapaz de fijar una política común de inmigración. En Europa no es la primera vez que se producen flujos migratorios como el que actualmente vivimos. Quizás habría que fijarse más detenidamente en cómo se gestionaron en épocas anteriores problemas similares – que no iguales – y confiar menos en el control ‘espacial’ de las aguas internacionales.