Cada nueva oleada de inmigrantes que llega a nuestras costas supera a la anterior. El último fin de semana fueron interceptados casi un millar de subsaharianos tratando de desembarcar en España.El pasado mes de marzo, el Gobierno anunció una serie de medidas para evitar la entrada masiva de sin papeles. Sin embargo, a la luz de lo acontecido han resultado insuficientes.

En su momento, el Ejecutivo aseguró que se reforzarían los controles y se firmarían acuerdos concretos con los países emisores. Ayer, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega volvió a echarse el problema a las espaldas y, tras reunirse, entre otros, con los ministros del Interior y de Trabajo, Rubalcaba y Caldera, informó de que el Ministerio de Defensa está ultimando la puesta en funcionamiento de un satélite para vigilar los movimientos de naves nodrizas que transportan ilegales que se produzcan en aguas del Atlántico, entre Africa y las islas Canarias. Igualmente, dijo que se intensificarán las inspecciones aéreas y marítimas.

Efectivamente, mientras no se palien las graves diferencias de renta existentes entre países próximos entre sí o fronterizos y se pueda luchar a largo plazo contra las causas profundas del problema, la única respuesta eficaz es el empleo de medidas disuasorias, que pasan, primero, por el refuerzo del control policial en las fronteras, y, segundo, tal como ha subrayado De la Vega, por transmitir a las mafias un mensaje claro y contundente: quien entre irregularmente en España será expulsado. Estas dos premisas son esenciales para elaborar una política sensata sobre inmigración, que pasa, tal como se está haciendo, por el establecimiento de convenios de cooperación y repatriación con los estados emisores.Por otro lado, la ubicación geográfica de España la convierte en la puerta de la esperanza para muchos inmigrantes africanos que buscan poner un pie en el Primer Mundo. Por ello, ni Bruselas puede permanecer al margen de lo que ocurra cerca de nuestras costas, ni el Gobierno español puede adoptar unilateralmente decisiones, más efectistas que efectivas, como la regularización masiva de ilegales.

De todos modos, España no vive una situación singular. En EEUU, mientras el Senado ultima una ley sobre inmigración, Bush, presionado por el ala dura de su partido, ha decidido militarizar la frontera con México para frenar la inmigración ilegal. Zapatero, a finales de 2005, ya envió el Ejército a Ceuta y Melilla para parar la avalancha de inmigrantes hasta que logró la cooperación de Marruecos.Eso ha desplazado la presión migratoria hacia Mauritania y Senegal, con la complicación añadida de que por razones humanitarias los inmigrantes interceptados en el mar deben ser atendidos antes de repatriarlos.

Por tales motivos, y previendo que los países africanos no muestren su compromiso de colaborar con España o no dispongan de la logística adecuada para combatir la salida de inmigrantes, nuestro Gobierno ha de poner en práctica todas las medidas legales a su alcance para evitar la llegada masiva de sin papeles y hacer realidad el mensaje de la vicepresidenta.