Con un dispositivo digno de una guerra incruenta, el Gobierno tocó ayer a rebato y anunció una urgente batería de medidas para poner freno al incesante flujo migratorio de desesperados que está llegando a Canarias en los últimos días, que este fin de semana alcanzó el millar.

Por tierra, mar y aire, el Ejecutivo desplegará un dique de contención que incluye el envío de una decena de diplomáticos para que se instalen en la región, el aumento de los servicios de inteligencia, la vigilancia de cuatro aviones de reconocimiento, un despliegue naval que aún está por determinar y hasta la contratación de los servicios de un satélite que siga la pista a la Armada de la miseria.

El anuncio lo hizo ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que salió como un cortafuegos a apagar el incendio migratorio que le ha salido al Ejecutivo en las costas canarias.

Para los optimistas, el dispositivo de marras servirá para frenar la llegada de subsaharianos. Para los pesimistas, el barco hace aguas y el Ejecutivo saca un cubo.

Después de las acusaciones de dejadez del Ejecutivo canario, el mensaje lanzado por Fernández de la Vega no podía ser más disuasorio para los que intentan pisar suelo español: «El que entra irregularmente en España antes o después va a salir», dice el aviso a navegantes. «Queremos una inmigración legal, rigurosa y ordenada».

Llamados por la vice, a la cita de urgencia de ayer acudieron los ministros de Trabajo, Jesús Caldera, e Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; el director del Centro Nacional de Inteligencia, Alberto Saiz; los secretarios de Estado de Defensa, Francisco Pardo, Inmigración, Consuelo Rumí, y Seguridad, Antonio Camacho; el embajador especial para asuntos de Inmigración, Jesús Atienza; y el subsecretario de Asuntos Exteriores, Luis Calvo.

María Teresa Fernández de la Vega comenzó recordando la visita que hizo a Tenerife el pasado 18 de marzo por asuntos migratorios.Casi dos meses después, señaló que el Ejecutivo se dispone a reforzar los cuatro frentes en los que, según dijo, venía trabajando: repatriaciones, control y seguridad, condiciones de vida de los inmigrantes y cooperación con los países emisores.

Entre la maquinaria para intentar pacificar las procelosas aguas del Atlántico, el Gobierno desplazará hoy mismo a la zona de Senegal (lugar de procedencia de los últimos cayucos) dos aviones de reconocimiento y otras dos aeronaves Orion; movilizará un dispositivo naval (adicional al ya existente de la Guardia Civil) cuyo despliegue se conocerá en los próximos días y que podría estar operativo esta semana; y contratará los servicios de un satélite con el fin de conocer cuáles son las tristes y concurridas rutas del agua.

«Queremos contar con el satélite para incrementar nuestra información y poder actuar de manera preventiva y disuasoria en este área», señalaba la vicepresidenta primera del Gobierno.

La imagen de marca de la política migratoria del Ejecutivo se llama repatriación. Lo dejó claro ayer Fernández de la Vega, que recordó que este proceso se acometerá enlazando con otra de las vitolas que le ha puesto el Gobierno al asunto: el respeto a los Derechos Humanos.

Así, según señaló ayer, el Ejecutivo ha «reactivado» el acuerdo de repatriación con Mauritania (200 repatriaciones en las últimas semanas) y está trabajando para acometer en breve más devoluciones a Níger, Guinea – Bissau, Senegal y Malí.

«Esto no se soluciona en un día», se excusaba la vicepresidenta en su comparecencia en La Moncloa, después de una reunión de casi tres horas. «Exige un trabajo muy serio y continuado y la puesta en marcha de multiplicidad de medidas».

Poner luz sobre la alargada sombra de las mafias es otra de las obsesiones de los socialistas. Para ello, dijo, se suscribirán acuerdos de seguridad y readmisión con los países donde los delincuentes hacen el agosto vendiendo estos prohibitivos cruceros de la muerte.Además de con los estados citados, España firmará convenios más a medio plazo con Ghana, Cabo Verde y Camerún.

Los 15 cayucos con cerca de un millar de subsaharianos interceptados en Canarias en tan sólo tres días y los más de 1.400 detenidos en las mismas aguas en las últimas dos semanas han acabado por alimentar las sospechas del Gobierno. La vicepresidenta no descartaba ayer que estas embarcaciones vinieran, a lo caballo de Troya, dentro de otra mayor.

«Queremos tener más información para saber si los cayucos vienen en barcos nodriza que los traen dentro y los van dejando en el mar una vez que se han separado de la costa», barruntaba Fernández de la Vega.

En cualquier caso, parte del anunciado dique de contención entrará ya mismo en faena y parte (sobre todo lo referido a la diplomacia) tomará carta de naturaleza en el próximo Consejo de Ministros.

Será el viernes cuando el Gobierno apruebe su denominado Plan Africa, en cuyo marco se encuadra la apertura de una embajada española en Malí y se adelanta como aperitivo el envío redentor de los especialistas, una decena de diplomáticos que, in situ y de forma continuada, tratarán de «entablar contactos directos y permanentes y reconducir la situación».

Cuestión del color del cristal que cojamos, mientras desde el Gobierno canario se lanzaba un mensaje de SOS, en el Ejecutivo se hacía lo propio llamando a la calma. Porque se está en ello, vino a decir la vicepresidenta: recordó que la Guardia Civil ha incrementado sus efectivos en 20 agentes, que hay dos grupos de actividades subacuáticas, que se han dado más de ocho millones adicionales de ayuda a la Administración regional y que la Cruz Roja está trabajando con 3,5 millones de subvención.

«Con las dotaciones que tiene ahora mismo la comunidad canaria», sentenció, «hay medios suficientes para hacer frente a la situación».

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