Menos del 5% de los inmigrantes inmersos en el último proceso de regularización logró un contrato indefinido.

Un año después del periodo extraordinario de normalización que habilitó el Gobierno, el número de extranjeros que logró los papeles fue de 577.049, tal y como señaló la Secretaría de Estado de Inmigración. De ellos, sólo 28.348 habían logrado una contratación de tipo indefinido en los ocho primeros meses del proceso.

La cifra está en una respuesta parlamentaria del pasado 28 de marzo a preguntas de los diputados populares Rafael Hernando y Juan José Matarí. De los datos aportados (que son del pasado mes de enero) se deduce que en torno al 95% de los contratos realizados a raíz de la regularización extraordinaria fue de tipo temporal.

Madrid (con 10.614 empleos indefinidos), Barcelona (con 4.585), Alicante (1.269), Valencia (1.144), Castellón (1.056) y Murcia (958) son las provincias con mayor número de este tipo de contrataciones.Las que menos, Ceuta (tres), Zamora (nueve), Orense (11), Melilla (13), Palencia (15) y Jaén (20).

Según el balance oficial, a día 2 de mayo, sabíamos que se habían recogido 691.655 solicitudes de documentación legal, de las que se resolvieron favorablemente 577.049, lo que supone que se dio el visto bueno al 83,4% de los expedientes que se presentaron en su día. El 98% de ese porcentaje supuso un alta en la Seguridad Social, con lo que, de resultas del proceso abierto que se cerró el 7 de mayo de 2005, en España hay en torno a 567.000 nuevos cotizantes.

Además de los citados 28.348 indefinidos, en la misma respuesta parlamentaria al Grupo Popular el Gobierno informa de que el tiempo medio de cotización de los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social como consecuencia del proceso era, a enero de 2006, de 184,5 días por cada trabajador. En esa misma fecha, 131.570 empleados habían tenido más de un alta; 2.321 contaban más de cinco.

La precariedad laboral que podría dejar el proceso de regularización era una de las grandes preocupaciones de las ONG.

En el último informe estatal de SOS Racismo se señalaba que el derecho a ser llamado, en el caso de reinicio de la actividad productiva (sectores de construcción y hostelería), no se está cumpliendo y se adevertía de que el proceso de regularización, de asentarse sobre la precariedad laboral, tendría una consecuencia nefasta: si los trabajadores se quedan sin sus empleos y los permisos no son renovados, volverán a ser inmigrantes irregulares.

«Lo que ha quedado en evidencia es la flojedad del proceso. esta gente tiene que renovar cada año su permiso. Si la mayoría de los contratos fueron precarios les va a ser difícil lograrlo.La regularización ha sido pan para hoy y hambre para mañana.Todo lo que se arregló puede volver a estropearse», comenta Diego Lorente, portavoz de SOS Racismo.

Un año después del proceso de regularización que concluyó el 7 de mayo de 2005, la cifra de extranjeros sin documentos legales en nuestro país supera el millón de personas (1.300.000 según el PP). La situación es tal que, al día de hoy, ya podría haber aproximadamente el mismo número de sin papeles que antes de que se iniciara el periodo extraordinario de normalización.

Víctor Sáez, presidente de la Federación Estatal de Refugiados e Inmigrantes en España, que agrupa a 12 organizaciones de 11 países, señala: «Se publicitó con mucho ruido el proceso de regularización, pero no ha resuelto nada. Hoy hay más de un millón de sin papeles.La precariedad del proceso les condena».