«No son muertes, son asesinatos». Era el grito de las pancartas que portaban algunas de las cientos de personas que se congregaron junto al Guggenheim de Bilbao para pedir permisos para que tanto el ‘Aita Mari’ como el ‘Open Arms’ puedan salvar vidas en el Mediterráneo, en la zona entre Italia y Libia. El primero de ellos, tras meses amarrado en Pasaia, está ahora junto al Museo Marítimo de la capital vizcaína, sin poder navegar pese a estar capacitado para ello, porque Capitanía Marítima, dependiente del Gobierno central le bloqueó la salida el 18 de enero porque «no hay puertos seguros donde desembarcar» en la zona en la que quieren prestar servicio. El presidente de la asociación Salvamento Marítimo Humanitario, Iñigo Mijangos, cree que detrás de este argumento en realidad está que «sería un esfuerzo diplomático presionar para permitir nuestro desembarco en Malta o en Italia».

Pero cada día cuenta. «El tiempo ahoga», sentencia, tras señalar que el «Estado prevarica» al impedir el auxilio a náufragos con su «necropolítica migratoria, en la que unas vidas valen más que otras». El acto de protesta organizado ayer por esta entidad y Ongi Etorri Errefuxiatuak comenzó con decenas de personas cantando canciones marineras al son del coro Euskeria, que repartió las letras. La actriz Itziar Lazkano se acercó a apoyar la causa. Los voluntarios desplegaron 224 chalecos salvavidas varios fueron lanzados a la ría y después recogidos, para visibilizar a cada una de las personas que ha fallecido este año tratando de llegar a Europa «ante la pasividad de las autoridades». La portavoz de la asociación por los refugiados, Josune Urkijo, y el propio Mijangos reclamaron la autorización para poder navegar. Recordaron que tres personas mueren cada día en la ruta migratoria más mortífera del mundo, donde quiere trabajar el ‘Aita Mari’. Después, una nueva canción sirvió como despedida y los asistentes fueron en kalejira hasta el barco. El día 7 llegará la tripulación profesional y se cree que podrá partir el día 10 u 11 rumbo a Palma. Allí esperarán a que se resuelva el recurso a la decisión del Gobierno central. «Confiamos en que se resuelva de forma positiva, porque la base legal en contra de nosotros es débil», explicó Daniel Rivas, de la asociación de salvamento.

La causa ya tiene adhesiones de instituciones y organizaciones sociales o deportivas. Desde 2016, más de 2.000 migrantes mueren cada año en el transcurso de su viaje a Europa. El año pasado, 2.299 se ahogaron en el mar. «El Gobierno cree que facilitar la partida de los buques de salvamento intensificará la salida, cuando no es verdad. Los migrantes pasan por situaciones tan terribles que no les importa arriesgar su vida con tal de escapar», explica Luis Arbide, de Ongi Etorri Errefuxiatuak.