E. A. – Vitoria

EL PAÍS – 15-05-2006

El nuevo director de Inmigración del Gobierno vasco, Roberto Marro (Lima, 1959), es partidario de aplicar políticas flexibles para integrar a los inmigrantes, siempre adaptadas a las características de Euskadi. Crítico con la ley de Extranjería, recalca que la ciudadanía “no la da el lugar de nacimiento o una autorización administrativa para trabajar, sino el lugar de residencia”. Desde esa premisa, pide a los vascos que no vean a los inmigrantes de forma abstracta y sí como un ciudadano más, como un vecino con los mismos problemas y perspectivas de futuro que cualquier persona.

Pregunta. Una reciente encuesta realizada por el Gobierno reflejó una creciente inquietud de los vascos hacia el fenómeno de la inmigración. ¿Qué opina?

Respuesta. Es la visión que se ha construido una parte de la sociedad vasca de ver a los inmigrantes de acuerdo con varios factores: que quitan puestos de trabajo, reducen los salarios, acaparan las ayudas públicas y los vinculan a la seguridad ciudadana. Esa visión no responde a la realidad. El número de inmigrantes que trabaja o que están afiliados a la Seguridad Social en todo el Estado sobrepasa el millón y medio. En el último proceso de regularización se afiliaron [en Euskadi] a la Seguridad Social más de 13.000. Por lo tanto, la inmigración no sólo es un enriquecimiento cultural, sino también económico porque hay sectores de la economía vasca que se mantienen gracias a los inmigrantes.

P. ¿Las reticencias son producto del desconocimiento?

R. Sí. Los problemas que se presentan en torno a la inmigración son por el gran desconocimiento de este fenómeno. No se trata de algo abstracto, sino que son personas concretas, con sus problemas, sus perspectivas de futuro. También son niños que están en nuestras escuelas, que comparten los mismos barrios que nosotros. El fenómeno de la inmigración se ha dado en los últimos seis años, al pasar del 1% al 4% de la población. Hay una población ya visible que demanda atención por parte de la administración.No se puede hablar de brotes de racismo, pero sí de algunas reservas por parte de la gente hacia la inmigración. Es necesario ver la auténtica realidad y ver que se trata de personas, que se levantan por las mañanas para ir a trabajar, son mujeres que llevan a sus hijos a las escuelas y son nuestros vecinos. Hay que solventar el desconocimiento desde las escuelas.

P. Pero, precisamente, es en las escuelas donde se están dando algunos problemas con la creación de guetos, es decir, centros casi exclusivamente para inmigrantes, porque se marchan los niños autóctonos.

R. Todo lo que sea un gueto es un problema. Es justo lo contrario a la integración. Construir guetos por cuestiones de exclusión social no favorece a la cohesión social. Lo importante es que el nivel de inmigrantes no supere el 20% del total de estudiantes de un colegio. Debe existir una proporcionalidad. También hay que responder a la necesidad de los padres de que sus hijos estudien en colegios cercanos a su domicilio.

P. ¿Cuáles van a ser los pilares del II Plan de Inmigración?

R. El primer plan asentó la concepción de una ciudadanía inclusiva. La ciudadanía no la da el lugar de nacimiento, ni si un extranjero tiene una autorización administrativa, sino que la da el lugar de residencia. La otra apuesta es para que los servicios sociales municipales realicen la primera acogida, creando itinerarios específicos para los inmigrantes. El objetivo es mantener estos dos ejes en el II Plan y que sea vinculante para todas las administraciones, y no sólo para el Gobierno. Se trata de aplicar políticas flexibles de integración, adaptadas a la realidad de Euskadi.

P. ¿Euskadi es un lugar de paso para los inmigrantes o vienen a quedarse?

R. Euskadi es un punto de acogida, no es un tránsito hacia otras comunidades españolas o países de la Unión Europea. Por lo tanto, la mayoría de los inmigrantes viene a quedarse. Cuanto antes se conciencien la sociedad de eso, más rápida será la integración. Por eso hay que establecer políticas de largo alcance con esa idea. Los niños inmigrantes que ahora estudian en los colegios van a ser los compañeros de estudios de los niños vascos durante los próximos 15 o 20 años. En la comunidad vasca, los extranjeros suponen ya el 4,5% de la población. Tenemos niveles bajos en comparación con otras comunidades, pero ese colectivo se va a asentar en Euskadi y va a crecer. Hay voluntad de permanencia en Euskadi.

P. ¿Cuál es el principal problema con el que se encuentran los inmigrantes en Euskadi?

R. Hay un cúmulo de problemas. El primero, el de la irregularidad administrativa, lo que impide la integración real. Después, el precio del alquiler es muy elevado y hay muchos propietarios que desconfían a la hora de alquilar sus casas. La cuestión del trabajo es fundamental, porque en estos momentos hay una incorporación de extranjeros con bajos salarios, con poca cualificación y es necesario establecer políticas de promoción en los puestos de trabajo en igualdad de condiciones que los autóctonos.

P. El Estatut contempla que Cataluña conceda las autorizaciones de trabajo. ¿Va a solicitar Euskadi esa competencia?

R. El marco jurídico competencial para los temas de inmigración es insuficiente. Por eso hay que reclamar más competencias para hacer políticas públicas de integración. Sería importante lo de las autorizaciones para trabajar, porque así Euskadi podría regular mucho mejor el acceso al mercado de trabajo de los extranjeros. Se plantearían las necesidades reales de la comunidad. Cataluña ha enseñado el camino y vamos a solicitar la competencia. No hace falta un nuevo Estatuto, sino que basta con una encomienda de gestión para otorgar las autorizaciones de trabajo.

P. ¿Se perdió una oportunidad con el proceso de regularización del año pasado?

R. El proceso de regularización ha sido importante para las 13.000 personas que en Euskadi han podido obtener los papeles. Pero ha sido insuficiente, porque se ha basado en la preponderancia del empresario como factor para la regularización. La parte interesada para regularizar a un extranjero no era el inmigrante, sino el empleador. Esto dificulta que muchos accedan a la regularización. El contrato de trabajo y el certificado de empadronamiento han sido dos obstáculos para que el número de personas regularizadas fuese mayor. La bolsa de inmigrantes que siguen sin papeles está entre 5.000 y 7.000 personas.