La llegada a las costas de Canarias de casi un millar de subsaharianos en tres días ha colapsado los servicios asistenciales, judiciales y policiales y está ocasionando graves problemas a las autoridades para atender sus primeras necesidades y proceder después a los tramites para su identificación. Los 974 inmigrantes contabilizados desde el viernes y hasta anoche llegaron en quince cayucos procedentes de Senegal y 15 de los subsaharianos, uno de ellos menor, llegaron en tal mal estado que tuvieron que ser hospitalizados. De esta manera, el Ejecutivo canario acusó al gobierno central de «dejadez» ante la «gravísima» situación creada en el archipiélago», aseguró el portavoz del Gobierno canario, Miguel Becerra.

Todos de Senegal

Y es que la llegada de 974 subsaharianos a las costas de diferentes islas canarias desde el pasado viernes hasta la noche de ayer supone la mayor oleada de inmigrantes interceptados en el archipiélago en lo que va de año. Los puertos de Gran Canaria, La Gomera, Fuerteventura, y sobre todo, Tenerife han recibido a las 974 personas indocumentadas que en barcazas de madera propulsados por pequeños motores ha logrado su destinos, dormir en un centro de internamiento, tras recibir agua, comida y vestido.

Los inmigrantes llegados ayer domingo a Tenerife, así como los 105 que lo hicieron al puerto de San Sebastián de La Gomera, será trasladados al campamento militar de Las Raíces, que vuelve a abrir sus puertas después de permanecer varios días cerrado. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias informaban de que el acuartelamiento, que se encuentra en el municipio de La Laguna, tiene capacidad para albergar a 500 personas. Con el objetivo de reforzar la seguridad en el recinto, se espera la llegada en las próximas horas de una unidad especial de la UIP de Galicia.

Para hoy está previsto el traslado de un grupo de inmigrantes desde Fuerteventura hasta Mauritania. Mientras, la Autoridad Judicial es la encargada de dictar la orden de traslado a los Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE) que se encuentran en Tenerife (Hoya Fría), Gran Canaria y Fuerteventura.

Desde el Partido Popular se acusó al Gobierno de actuar «después de que ocurran los problemas». Según Ana Pastor, secretaria de Política Social y Bienestar, seguirá el «efecto llamada» mientras que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no envíe un «mensaje perfectamente claro» acerca de cuál es su política de inmigración.