El Gobierno austríaco formado por conservadores y ultranacionalistas estudia fórmulas legales que permitan detener de forma preventiva a solicitantes de asilo que sean considerados “peligrosos”.

La idea parte de Herbert Kickl, ministro del Interior por el ultranacionalista FPÖ, socio del Partido Popular (ÖVP) en el Ejecutivo, en reacción al reciente asesinato de un funcionario de los servicios sociales de una pequeña ciudad a manos de un solicitante de asilo que había sido expulsado del país ya en una ocasión.

Kickl pretende que las autoridades de inmigración establezcan un “pronóstico de riesgo” y, a su juicio, los solicitantes de asilo que sean considerados peligrosos deberían pasar detenidos el tiempo que se tarde en procesar su petición.

La propuesta, que cuenta con el respaldo del jefe de Gobierno, Sebastian Kurz (ÖVP), ha levantado una enorme polémica con algunos juristas subrayando que en un estado de derecho no se puede privar a nadie de libertad en base a un pronostico y sin que medie la acusación de un delito concreto.

Kurz aclaró después que esa detención preventiva sólo se aplicaría cuando hubiera indicios de delitos concretos, sin especificar más en qué se fundamentarían esas sospechas.

Para aprobar esta medida se requeriría una mayoría de dos tercios en el Parlamento al tratarse de una enmienda constitucional, por lo que el Gobierno debe contar con el apoyo de parte de la oposición.

El líder del FPÖ y vicecanciller, Heinz Christian Strache, ha reclamado este martes a los socialdemócratas del SPÖ y a los liberales de NEOS que faciliten esa mayoría parlamentaria para modificar la Constitución.

Mientras que el SPÖ se ha mostrado dividido sobre la detención preventiva, los liberales de NEOS y los progresistas de Jetzt se han manifestado contra una propuesta que consideran propia de estados autoritarios.

Desde el Ministerio del Interior se han dado pocos detalles sobre en qué consistiría esa medida y cómo y a quién se aplicaría, aunque se han planteado ejemplos, como que existiera constancia de que un solicitante de asilo hubiera proferido amenazas posando delante de una bandera del grupo yihadista Estado Islámico.

Escéptico sobre esta medida se ha mostrado el presidente, Alexander Van der Bellen, quien considera que es un tema “extremadamente delicado” desde el punto de vista legal, ya que se trata de una “privación de libertad”, un derecho fundamental.

Algunos juristas aseguran que la normativa de la Unión Europea permite la detención de solicitantes de asilo por un periodo corto y que después un juez decida sobre su situación, pero en ningún caso de forma prolongada sin la mediación de un magistrado.

Así, el experto en derecho comunitario Walter Obwexer señala que en la directiva de recepción de solicitantes de asilo de la UE se puede ordenar una detención por un tiempo limitado si existe “una amenaza para la seguridad nacional o el orden público”, aunque después un juez debe valorar las acusaciones.