PABLO ALCALÁ

LAS PALMAS. El sur de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera – paradójicamente tres islas que desde 1994 apenas habían recibido llegadas de inmigrantes – , y Fuerteventura se convirtieron este fin de semana en el escenario donde ha tenido lugar la mayor oleada de inmigración irregular, en pequeñas embarcaciones, de la historia reciente de España, superando la suma de cualquier registro anterior en diferentes puntos de la costa española.

Novecientos setenta y cuatro inmigrantes a bordo de 15 cayucos volvieron a poner en jaque a los servicios de localización, emergencia y rescate de la Comunidad. Un nuevo capítulo de inmigración que obligaba a los equipos de localización y rescate a trabajar ininterrumpidamente para responder al goteo de cayucos que de forma paulatina alcanzaban las costas españolas.

El incremento ha sido constante desde el pasado viernes, día en que las cifras iban actualizando por horas desde los servicios de emergencias, dando cuenta del avistamiento de la siguiente embarcación. Ayer, la cifra quedaba fijada en 974 irregulares, de los cuales 33 son menores y todos ellos, según fuentes de la delegación del Gobierno, procedentes de Senegal.

Mientras los puertos canarios se convertían en hospitales de campaña que en ocasiones llegaron a dar cobijo hasta a 250 inmigrantes al mismo tiempo, el Gobierno iniciaba los trámites para volver a poner en pie el centro de internamiento improvisado el pasado mes de marzo en el acuartelamiento militar de Las Raíces, en Tenerife.

Reapertura de Las Raíces

En aquella ocasión, y aunque su llegada se prolongó durante un periodo de cinco días, llegaron a las islas más de 1.200 personas. Cuarenta días después, la delegación del Gobierno anunciaba que el centro iba a ser desmantelado, después de que 170 personas fueran devueltas a Mauritania, y las demás derivadas a distintos lugares de la España peninsular.

El cierre no ha durado ni una semana, y los resultados de las acciones diplomáticas llevadas a cabo por España en el norte de África han quedado neutralizados en 36 días.

Las demandas que el Gobierno canario ha venido haciendo desde entonces han sido respondidas con cierto triunfalismo desde el Partido Socialista. El mismo día en que comenzaba la actual oleada, el secretario de política municipal y libertades públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, apuntaba como «un éxito de la política de inmigración del Gobierno» el haber obligado a las mafias de la inmigración a desplazar el punto de partida de los cayucos hacia el sur.

Manifestaciones similares han terminado por minar la relativa diplomacia con la que el Gobierno de Canarias ha realizado sus demandas al Ejecutivo central. Ayer, el portavoz del Gobierno del archipiélago, Miguel Becerra, calificaba la situación como «gravísima» y lamentaba de nuevo «la dejadez que del asunto hace el Gobierno central», cuestión que ha venido denunciando el portavoz parlamentario de los nacionalistas en el Parlamento y presidente de Coalición Canaria, Paulino Rivero.

El debate sobre el procedimiento de actuación de las mafias de la inmigración enfrenta al Gobierno con la opinión de expertos y oposición. Mientras la Policía y el Gobierno de Canarias sostienen la teoría de que buena parte de los cayucos proceden de las entrañas de buques nodriza – que según fuentes policiales consultadas por ABC podrían además partir de las islas de Cabo Verde – el delegado del Gobierno del Canarias, José Segura, niega tal posibilidad. A pesar de su vehemencia, el propio presidente del Gobierno reconoció al líder de CC que la Armada había detectado al menos un buque con embarcaciones en su interior en ruta a las Islas Canarias.

Plan obsoleto

El Plan de Inmigración, acordado con Canarias en abril de 2005 por el ministro de Asuntos Sociales, Jesús Caldera, suma actualmente una nueva carencia a las detectadas por el Gobierno de Canarias y el Partido Popular de las islas. Si desde su puesta en marcha se ha venido denunciando la lentitud de su aplicación, pero sobre todo la ausencia de dotación económica para sostenerlo, como denunciaba la secretaria de asuntos sociales del PP canario, Águeda Montelongo, actualmente precisa de su extensión a las islas occidentales, no contempladas en el proyecto y destino de más del 85 por ciento de las embarcaciones que han arribado a Canarias en 2006.

Los registros de personas llegadas por mar a Canarias desde el norte de África superan en 2006 cualquier cifra de personas contabilizada en ningún año anterior, cuestión que el PP achaca al «efecto llamada» de la regularización masiva.