JUAN CIERCO. CORRESPONSAL

JERUSALÉN. Los palestinos de Israel y de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental tienen desde 1948 marcado el 14 de mayo en rojo. Conmemoran el «Día de la Nakba» (del Desastre), que es como llaman a la jornada en la que, según su calendario (el hebreo lo celebra el 3 de mayo) se creó el Estado de Israel y con ello centenares de miles de personas (hoy los refugiados ascienden a casi cuatro millones) se vieron obligados al exilio forzoso.

Desde ayer, miles de familias de palestinos casados con árabes – israelíes rodearán de rojo, por dos veces, la fecha del 14 de mayo. Y es que ayer, con una decisión que ha levantado enorme polvareda en Israel y que ha sido tildada de «racista» por organizaciones de derechos humanos y partidos de la izquierda hebrea, el Tribunal Supremo, por seis votos contra cinco, ratificó la ley promulgada en 2002, por la que se prohíbe la reunificación familiar entre palestinos y árabes – israelíes.

Los magistrados del Supremo determinaron por tan estrecho margen que el mal causado por dicha ley es menor que el que se podría provocar en caso de ser anulada: «Se trata de proteger a los ciudadanos israelíes de aquellos palestinos que,con el pretexto de la unificación familiar entran en nuestro país para llevar a cabo ataques suicidas».

Cabe recordar, por ejemplo, que uno de los atentados suicidas más sangrientos de la segunda Intifada – costó la vida a 14 personas en un restaurante de Haifa en 2002 – fue cometido por un palestino que había adquirido, tras su boda con una mujer árabe – israelí, la nacionalidad israelí, lo que le facilitaba la libertad de movimientos.

«Se ha impuesto la seguridad sobre los derechos civiles de los ciudadanos del Estado», sentenció en su voto particular, contrario al mayoritario, el presidente del Tribunal Supremo, Aharon Barak.

No fue, ni mucho menos, la reacción más dura contra una ley con trasfondo de seguridad pero también, y muy importante, demográfico. Israel cuenta con siete millones de habitantes, de los que el 20 por ciento son árabes – israelíes. Además, otros cuatro millones de palestinos sobreviven en Gaza y Cisjordania. Los mismos argumentos, por otra parte, que los empleados para levantar el muro considerado ilegal por la Corte Internacional de La Haya.

Así, los diputados árabes – israelíes del Parlamento, organizaciones israelíes y palestinas de derechos humanos, Amnistía Internacional y partidos de la izquierda hebrea, como el Meretz, que habló de «la consagración de un Estado del apartheid», coincidieron en denunciar el «carácter racista de una ley vergonzosa para un estado que se dice de derecho y presume de ser la única democracia de Oriente Próximo, algo muy discutible tras la decisión del Supremo».

De este modo, y como ejemplo gráfico, un palestino de Ramala que se case con su prima árabe – israelí de Jerusalén Oriental (algo muy frecuente en los clanes familiares palestinos) no podrá vivir con ella salvo que lo hagan fuera de Israel, y aquellos ya casados, con hijos de por medio, y que carecen de la correspondiente nacionalidad, tendrán que dejar a su esposa y a sus vástagos y emigrar.

Sólo las mujeres palestinas de más de 25 años de edad y los hombres de más de 35 tendrán derecho a solicitar dicho permiso, que será examinado caso por caso.

Otro muro en las familias

«El Gobierno y el Tribunal Supremo de Israel han levantado otro muro, éste en la misma casa de una familia, separando por razones demográficas, es decir racistas, al marido de su mujer, al padre de sus hijos», declaraba ayer poco después de conocer la sentencia el diputado árabe – israelí de la Knesset Ahmed Tibi.

«Ningún país del mundo admitiría a ciudadanos de otro estado o de una Autoridad Nacional con los que esté en conflicto», le respondía el ministro hebreo de Justicia, Haim Ramón.

La guinda la puso la edición digital del diario Haaretz: «El Tribunal Supremo ha puesto por delante el carácter judío del Estado a su espíritu y tradición democráticos».