En un fallo que pone de manifiesto la brecha legal entre los israelís judíos y los israelís árabes, el Tribunal Supremo de Israel respaldó ayer una ley que prohíbe la reunificación familiar de israelís de origen árabe que se hayan casado con palestinos de Gaza y Cisjordania. La sentencia, que impide a los palestinos y a sus hijos naturalizarse israelís y entrar en el país, ya ha sido calificada por representantes de la comunidad árabe de “racista” y de “flagrante vulneración de los derechos civiles”.
En Israel viven un millón y medio de árabes con nacionalidad israelí – – los que se quedaron tras la guerra de 1948 y sus descendientes – – que, sobre el papel, deberían tener los mismos derechos y deberes que sus compatriotas judíos. La ley que ayer recibió el visto bueno del Supremo fue aprobada por el Gobierno en el año 2002 y discrimina a los árabes, ya que les prohíbe la reunificación familiar si se han casado con otros árabes procedentes de Gaza y Cisjordania. En cambio, un ciudadano israelí que se case con alguien que no sea palestino sí puede nacionalizar a su cónyuge. En la práctica, esto implica que a efectos de nacionalizar a los cónyuges, los israelís judíos que se casan con judíos no sufren trabas legales, mientras que los árabes israelís que se enlacen con palestinos lo tienen prohibido.

EL DEBATE
Es decir, la sentencia reabre el viejo debate en Israel sobre si es posible calificar en su Ley Básica el Estado como judío y al mismo tiempo declararse democrático si en su seno residen un millón y medio de personas que no son judíos. “El fallo establece que hay ciudadanos de primera y de segunda. Es una vergüenza para la ley israelí”, afirmó la diputada Zehava Galón, del partido de izquierdas Meretz. “Se trata de una ley racista, porque restringe los derechos ciudadanos en base al origen étnico de una persona y no de forma individual”, alegó una abogada de la asociación árabe Adala.
Para justificar su apoyo a la ley – – que recibió el voto de seis magistrados a favor y de cinco en contra – – , uno de los jueces, Mishael Cheshin, afirmó que no viola los derechos básicos de los ciudadanos y que, en caso de hacerlo, es un “daño mesurado”. Chesin añadió que “Israel está en estado de guerra contra los palestinos y sus organizaciones terroristas. Un Estado tiene derecho a impedir la entrada de ciudadanos enemigos”, calificando de esta forma de terroristas a todos los palestinos.
En cambio, Aharon Barak, presidente del tribunal, dijo que la ley vulnera los derechos civiles. El ministro de Justicia, Haim Ramon, recordó que la ley – – que solo admite peticiones de reunificación de mujeres mayores de 25 años y de hombres de 35 – – fue redactada cuando la Intifada se encontraba en su cénit. Amnistía Internacional ha pedido en repetidas ocasiones su derogación por discriminatoria.