El Tribunal Supremo israelí ratificó ayer una ley que impide la reunificación familiar de palestinos en territorio de Israel. Por tanto, los cónyuges e hijos palestinos de árabes israelíes no podrán vivir en Israel ni adquirir la nacionalidad israelí. Por seis votos contra cinco, los jueces consideraron que la ley, aprobada por el Parlamento en el 2002 – en plena intifada – es constitucional, en contestación a los recursos interpuestos por asociaciones de derechos humanos.
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Los detractores de la ley denuncian que sirve de pretexto para limitar el crecimiento de la población árabe. Dado que el aumento demográfico palestino es muy superior al israelí, el Estado judío teme que con el tiempo la población palestina supere a su comunidad.
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La ley, calificada de “flagrante violación de los derechos civiles” y de “racista a ultranza” por los diputados de la comunidad árabe de Israel y por las organizaciones de derechos humanos, ha sido duramente criticada por Amnistía Internacional y por el comité internacional de la ONU para la eliminación de la discriminación racial.
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La mayoría del Tribunal Supremo israelí alega que “los palestinos son ciudadanos de una entidad enemiga que constituyen una potencial amenaza para Israel”. Sostiene también que la ley no viola derechos básicos y que en caso de perjudicar estos derechos, es de “un daño ponderado”. La minoría del Supremo, con el presidente del tribunal, Aaron Barak, al frente, estima, en cambio, que estas consideraciones no justifican tal ataque a los derechos de los ciudadanos árabes de Israel.
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Los representantes del Estado judío que defendieron la ley ante el Supremo insistieron en que su único objetivo era evitar que palestinos cónyuges de árabes israelíes cometan atentados. Según los servicios de seguridad interior, el Shin Beth, unos 25 cónyuges de árabes israelíes han estado implicados en los últimos años en accciones terroristas. Los palestinos instalados en Israel son unos 100.000, mientras que los árabes con nacionalidad israelí son 1,2 millones. Estos últimos son en general descendientes de los palestinos que se quedaron en su tierra en el momento de la creación del Estado de Israel, en 1948.
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De todos modos, hay que precisar que una enmienda de la ley prevé que los palestinos de más de 35 años y las palestinas de más de 25 puedan beneficiarse del derecho de residencia o de nacionalidad en caso de que su cónyuge sea árabe israelí. Esto hace pensar a los analistas que muchos casos serán estudiados individualmente. Los matrimonios entre palestinos de Israel y Cisjordania son frecuentes, ya que por tradición se casan a menudo en el seno de clanes divididos por la frontera.
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La diputada Zeha Galón, de Meretz, opina: “Tenemos un serio problema, porque lo que dice el tribunal es que hay ciudadanos de primera y de segunda… La ley restringe los derechos en función del origen étnico de una persona”.
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