JERUSALÉN. DV. El Tribunal Supremo de Israel ratificó ayer una polémica ley aprobada por la Kneset (Parlamento) en 2002 que impide que tanto los palestinos de Cisjordania y Gaza que se han casado con ciudadanos árabes israelíes, como los hijos nacidos de esas uniones, se acojan a la unificación familiar y puedan residir en Israel. La ley fue tildada de «racista» por los árabes de Israel, los palestinos y las organizaciones de derechos humanos, pero al haber sido aprobada por seis magistrados contra cinco automáticamente pasa a formar parte del cuerpo legal de este país.

Desde que se firmaron los acuerdos de Oslo en 1993 y hasta 2002, Israel dice que autorizó a 7.000 palestinos de ambos sexos, básicamente oriundos de Cisjordania, a que se reunieran con sus esposos y esposas que viven dentro de Israel, pero esta tendencia terminó con la ley de 2002. La abogada Orna Cohen calificó la decisión del Supremo de «muy grave». «El Tribunal ha dado carta de legalidad a una ley racista que vulnera los derechos constitucionales más elementales».

Israel carece de Constitución desde su fundación en 1948, puesto que una Carta Magna tendría que aceptar la igualdad de todos sus ciudadanos y en este país hay numerosas leyes y ordenanzas que discriminan a favor de los ciudadanos judíos. «Parece que el Supremo ha decidido no intervenir ante una ley claramente racista que vulnera los derechos más elementales sobre una base étnica. El día de hoy se recordará en la historia legal de Israel como un mal día», dijo Orna Cohen.

Los representantes de los palestinos afectados han anunciado que apelarán ante los tribunales internacionales, pero la posibilidad de que Israel acepte decisiones de los tribunales internacionales es nula, como ha quedado demostrado en numerosos casos hasta ahora.

Por estar en guerra

El principal argumento que han utilizado en la sentencia los seis magistrados de la mayoría es que Israel está en guerra con los palestinos y por lo tanto no se deben permitir las reunificaciones familiares que pondrían en peligro la existencia del estado sionista.

Los diputados árabes de la Kneset fueron quienes criticaron con más acritud al Supremo. «El libro de leyes israelíes que aprueba el Supremo se está convirtiendo en una guía para las legislaciones racistas que se hacen en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial», dijo el diputado Muhammad Barakeh.

La ex ministra judía Shulamit Aloni coincidió en calificar la ley de «racista». «Al decidir que todos los palestinos son una amenaza para la seguridad se está dando vía libre a los soldados y a los colonos contra los palestinos».