El Tribunal Supremo de Israel ratificó ayer una polémica ley aprobada por la Kneset en 2002 que impide que tanto los palestinos de Cisjordania y Gaza que se han casado con ciudadanos árabes israelíes, como los hijos nacidos de esas uniones, se acojan a la unificación familiar y puedan residir en territorio hebreo.

Hace cuatro años, la norma levantó ampollas y fue tildada de «racista» por los árabes de Israel, los palestinos y las organizaciones de derechos humanos, pero al haber sido aprobada por seis magistrados contra cinco pasa automáticamente a formar parte del cuerpo legal del país.

Desde que se firmaron los acuerdos de Oslo en 1993 y hasta 2002, el Gobierno hebreo asegura que autorizó a 7.000 palestinos de ambos sexos, básicamente oriundos de Cisjordania, a que se reunieran con sus esposos y esposas que viven dentro de Israel. Pero esta tendencia terminó con la legislación de 2002. La abogada Orna Cohen calificó la decisión del Supremo de «muy grave». «El tribunal ha dado carta de legalidad a una ley racista que vulnera los derechos constitucionales más elementales».

Israel carece de Constitución desde su fundación, en 1948, ya que una Carta Magna tendría que aceptar la igualdad de todos sus ciudadanos y en el país hay numerosas normas y ordenanzas que discriminan a favor de los judíos. «Parece que el Supremo ha decidido no intervenir ante una ley claramente racista que vulnera los derechos más elementales sobre una base étnica. El día de hoy (por ayer) se recordará en la historia legal como un mal día», indicó Cohen.

Los representantes de los palestinos afectados ya han anunciado que apelarán ante los tribunales internacionales, pero la posibilidad de que el Gobierno hebreo acepte las decisiones de estas cortes es nula.

País en guerra

El principal argumento que han utilizado en la sentencia los seis magistrados de la mayoría es que Israel está en guerra con los palestinos y, por lo tanto, no se deben permitir las reunificaciones familiares, que pondrían en peligro la existencia del Estado sionista.

Fueron los diputados árabes de la Kneset quienes criticaron con más acritud al Supremo. «El libro de leyes israelíes que aprueba este tribunal se está convirtiendo en una guía para las legislaciones racistas que se hacen en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial», dijo el político Muhammad Barakeh.

La ex ministra judía Shulamit Aloni también coincidió en calificar la norma de «racista». «Al decidir que todos los palestinos son una amenaza para la seguridad se está dando vía libre a los soldados y a los colonos para que maten, demuelan, arranquen árboles y roben, porque hay otra ley que dice que los palestinos no tienen derecho a ser compensados».