El Tribunal Supremo de Israel ratificó ayer la validez de la controvertida ley de Ciudadanía y Entrada, que prohíbe la reunificación familiar de esposas palestinas con sus maridos israelíes en el territorio de este último país.

La normativa, llamada ley Apartheid, ha sido equiparada a la norma que prohibía matrimonios entre blancos y negros en Sudáfrica, un paralelismo que ayer volvió a establecer la diputada izquierdista israelí, Zehava Gal – On, para quien la decisión «nos relega al nivel de un estado apartheid. Es una vergüenza».

La audiencia israelí desestimó por seis votos contra cinco un recurso interpuesto en 2003 por diversas agrupaciones de Derechos Humanos israelíes después de que la citada legislación fuera implementada en 2002.

La ley ha sido duramente criticada por Amnistía Internacional y por el Comité de la ONU para la eliminación de la discriminación racial. Las autoridades israelíes mantienen que esta reglamentación se basa exclusivamente en criterios de seguridad y esgrimen los casos de 26 palestinos que fueron vinculados a acciones violentas contra el Estado después de conseguir la ciudadanía.

Sin embargo, el propio ministro de Inmigración, Zeev Boim, contradijo ayer la línea oficial al defender lo que a su entender es la inspiración racial de esta ley. «Es una ley apropiada porque tenemos que mantener un estado democrático pero también de naturaleza judía», señaló.

El diputado Yoel Hasson, del partido del primer ministro, Ehud Olmert, también incidió en los aspectos demográficos que entraña esta resolución. «Es una victoria para quienes creen en Israel como un Estado judío y la decisión tendrá repercusiones cruciales para la composición demográfica de Israel», señaló.

En un análisis del diario Haaretz, este periódico israelí advertía que la decisión jurídica «favorece un estado judío sobre la democracia».

En palabras de Michel Cheshin, uno de los togados que apoyó rechazar el recurso, resulta lógico impedir la naturalización de palestinos porque «la Autoridad Palestina es un Gobierno enemigo, que quiere destrozar al Estado y no quiere reconocer a Israel».

«Nadie está negando [a los palestinos] su derecho a crear una familia pero que lo hagan en Yenin [Cisjordania]», añadió Cheshin.

Contra los derechos civiles

El caso es que en principio los israelíes tienen prohibido acceder a los territorios palestinos salvo que dispongan de una autorización especial, lo que de facto supone establecer un brete quizás insalvable para los matrimonios mixtos.

Los cinco jueces que se pronunciaron a favor de la demanda aseguraron que la legislación infringe los derechos civiles más básicos.

Según Abeer Baker, un abogado de la ONG – que representa a parejas de israelíes y palestinos – la determinación de la corte significa que «miles de familias mixtas tendrán que separarse o vivir fuera de Israel. Lo que dice el país básicamente es: agarre sus cosas y márchese».

Uno de los afectados por la sentencia, Morad Asana, un israelí que contrajo matrimonio con una mujer de Belén con la que tiene varios hijos, reconoció que ahora no podrán «vivir juntos, mi mujer tendrá que vivir en Belén y los niños no sé siquiera dónde los dejaremos».

Los sectores más radicales de la ultraderecha israelí representados por legisladores como Yitzhak Levy no sólo aplaudieron la resolución sino que, como dijo este miembro de la Unión Nacional, instaron a «cualquier israelí casado con un palestino a emigrar al lugar de residencia de este último».

Por otra parte, tropas israelíes mataron ayer a al menos siete palestinos en dos incidentes separados en Qabatiyeh y Yenín.En la primera localidad, médicos locales confirmaron la muerte de cuatro milicianos de de la Yihad islámica – a quienes Israel vinculó ayer con el atentado suicida de Tel Aviv, que mató a 11 israelíes – y otros dos civiles.