Cerca de un millar de subsaharianos han sido interceptados en las islas de Canarias desde el pasado viernes a mediodía. La cifra supone el mayor flujo de inmigrantes en lo que va de año, pero el Gobierno canario teme que se incremente en las próximas semanas con la llegada del buen tiempo. Un portavoz del Ejecutivo regional calificó ayer la situación de «gravísima» y acusó al Gobierno de Zapatero de «dejadez», ya que no hay medios materiales para albergar y alimentar a esos cientos de inmigrantes sin papeles ni nacionalidad conocida que llegan cada semana a Canarias. Las autoridades regionales habilitaron un cuartel cerrado en La Laguna para solucionar el problema. Pero no será suficiente si prosigue la llegada masiva de subsaharianos. La vicepresidenta De la Vega aseguró que el Gobierno va a hacer todo lo posible para repatriar a esos inmigrantes subsaharianos. Anunció una nueva ofensiva diplomática del Gobierno para que esos países acepten a los ciudadanos que son devueltos. Y afirmó que las personas que entren ilegalmente en España serán expulsadas. La advertencia llega demasiado tarde, ya que la política de inmigración del Gobierno ha sido un desastre.La regularización del año pasado sólo ha servido para acentuar el efecto llamada y para que más de un millón de personas sin papeles hayan entrado ilegalmente en España. ¿Qué hacer? Da la sensación de que el Gobierno no tiene ninguna respuesta porque ya lo ha intentado todo sin éxito. De momento, el Gobierno debe prestar medios materiales y ayuda económica a Canarias para afrontar el drama humano. Pero la gran cuestión es cómo evitar este flujo masivo de personas que ven en nuestro país la tierra prometida.