Carmen Leigue, boliviana de 63 años llegada a España en 2001, se quedó hace dos años sin contrato de trabajo. “No logré completar el cupo para renovar mi permiso de residencia y ahí empezó mi calvario”, explica después de que el Gobierno español la detuviese y ordenase a finales de enero su expulsión porque carecía de papeles. Una decisión que el Ejecutivo revocó este lunes tras un recurso de la abogada de Leigue que acredita el arraigo que un juzgado le negó recientemente.

Esta mujer, que se dedicaba en Bolivia al comercio, aterrizó en Valencia 17 años atrás con su hija de ocho años y se quedó. A los pocos meses comenzó a cuidar de un hombre de 84 años enfermo y consiguió regularizar su situación. Hasta que, después de la crisis económica, con más de 60 años y dedicándose a la limpieza o al cuidado de mayores y niños [sectores muy afectados por la precariedad] se quedó sin trabajo y cayó en una irregularidad sobrevenida, una situación en la que los inmigrantes pierden su tarjeta de residencia porque no pueden aportar la cotización mínima exigida a la Seguridad Social.

“Antes de la crisis no había tantas dificultades, le hacían contrato aunque ella se pagaba la Seguridad Social”, relata su hijo Erick, que tiene la residencia permanente en España e hijos nacidos en el país. Carmen consultó cuando se quedó sin contrato y le aconsejaron que solicitase la tarjeta porque llevaba muchos años en el país y tenía posibilidades de conseguirla pero se la denegaron. Luego le llegó una carta donde le pedían que regularizase su situación o la expulsaban. “Ahí es cuando me movilicé pero no conseguía un contrato, la gente me ofrecía trabajo pero no un contrato”, dice echando la vista atrás.