Si la vida de los palestinos atraviesa una coyuntura difícil, la de los árabes – israelíes recibió ayer otro varapalo. El Tribunal Supremo de Israel ratificó una enmienda a la Ley de Ciudadanía que prohíbe a miles de palestinos de Cisjordania y a sus hijos reagruparse con sus cónyuges, residentes y ciudadanos del Estado hebreo. Mientras tanto, siete palestinos (cuatro de ellos presuntos milicianos integristas) murieron en dos ataques del Ejército israelí en Yenín.

Decenas de miles de hombres y mujeres palestinos se casaron con los llamados árabes – israelíes que permanecieron en suelo del Estado judío tras fundación de Israel. Es frecuente que contraigan matrimonio en el ámbito de sus amplias familias o clanes, muchas veces separados por las fronteras entre Israel y Cisjordania y la franja de Gaza. Más de un millón de los siete millones de ciudadanos del Estado sionista son árabes.

En mayo de 2002, una enmienda aprobada por la Kneset (Parlamento) a la Ley de Ciudadanía estableció que sólo se estudiarían las peticiones de las mujeres mayores de 25 años y los hombres que superen los 35 años para adquirir la residencia. En contadas ocasiones se conceden. Mientras, la legislación otorga la ciudadanía a cualquier inmigrante que pueda demostrar que uno de sus abuelos es o era judío.

Precisamente ayer, cuando se cumplían 58 años de la lectura por Ben Gurión de la declaración de independencia, el Tribunal Supremo israelí dio a conocer el polémico fallo. Una jornada en la que los palestinos conmemoran la Naqba (el desastre) y recuerdan la expulsión o fuga de sus ciudades y pueblos en mayo de 1948.

Fue la del tribunal una decisión muy ajustada. Seis de los jueces votaron a favor de mantener la prohibición promovida por el Gobierno de Ariel Sharon hace cuatro años, durante los meses más sangrientos de la segunda Intifada. Cinco, entre ellos el presidente del tribunal, Aharon Barak, se pronunciaron en contra.

La división en el Supremo es profunda. Mientras Barak declaraba que mantener la ley con las prescripciones actuales “infringe los derechos civiles de los ciudadanos”, el juez Mishael Cheshin apuntaba: “Nadie está denegando el derecho a formar una familia, pero deberán vivir en Yenín y no en Umm al Fahm” (una ciudad árabe – israelí)“. Cheshin subrayó la necesidad de mantener la seguridad como fundamento de la decisión judicial.

”Básicamente, están diciendo; ’haced vuestras maletas y largaos de aquí", afirmó Abir Baker, abogado de Adala, una asociación que representa a las parejas palestino – israelíes. “Es una ley racista porque restringe derechos ciudadanos en base al origen étnico de una persona, y no de forma individual”, apuntó otra letrada de Adala. Amnistía Internacional reclamó la revocación del fallo. Y Zehava Gal – On, diputada del partido izquierdista Meretz, sentenció: “El tribunal lo que ha dicho es que hay ciudadanos de primera y de segunda. El fallo es una vergüenza para la legislación israelí”.

Las acusaciones de discriminación respecto a los árabes – israelíes vertidas contra los Gobiernos hebreos son constantes. Partidos que han cosechado un buen número de escaños en las elecciones de marzo abogan por la expulsión de los árabes o por el intercambio de los territorios que pueblan. Los alcaldes de las ciudades habitadas por palestinos denuncian una y otra vez que sus municipios no reciben fondos para prestar los servicios públicos en la misma medida que en las localidades pobladas por judíos.

Por otra parte, ayer también se vivió la peor jornada de violencia en semanas en Cisjordania. En dos ataques en la zona de Yenín, los militares israelíes mataron al menos a siete palestinos, según los últimos datos aportados ayer por las autoridades sanitarias. Cuatro, según fuentes israelíes, eran militantes del movimiento integrista Yihad Islámica y los otros tres eran civiles, uno de ellos funcionario de la Autoridad Nacional Palestina.