La deportación de Carmen Leigue, una boliviana de 65 años que reside en Valencia desde hace 17, se ha paralizado este jueves tras un recurso de sus abogados contra la orden de expulsión que la devolvía anoche a su país de origen porque carece de permiso de residencia en España. La mujer, retenida en los calabozos de una comisaría desde hacía dos días, abandonó el recinto policial pasadas las cinco de la tarde. “Estoy contenta porque ha sido muy angustioso”, declaró a la salida, donde la esperaba uno de sus hijos.

La plataforma por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE NO) lanzó por la mañana la voz de alarma ante la inminente expulsión de Leigue y horas después la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana paralizó la expulsión mientras revisa su expediente, pues un juzgado valenciano considera que la boliviana no tiene arraigo suficiente, según la plataforma.

Cristina Martínez, portavoz de la plataforma CIE NO de Valencia, recalcó que el caso de Carmen no está zanjado pese a los acontecimientos de las últimas horas: “Que se paralice la orden no significa que se haya revocado”. “Ahora tiene que tratar de conseguir un permiso de residencia [que perdió hace dos años]“, apuntó Martínez.

Leigue ha trabajado en España como empleada del hogar interna y cuidando a niños y ancianos; además tiene dos hijos y tres nietos españoles. “Pero con 65 años, cada vez le resulta más complicado conseguir un trabajo [requisito para renovar la tarjeta de residencia]”, explican desde CIE NO. Este permiso lo perdió en 2017 al no haber cotizado las horas que exige la ley.

“Esperamos que consiga su tarjeta de residencia pero queremos denunciar que hasta que no consiga ese permiso, Carmen puede volver a ser detenida. Y esa es una angustia con la que viven todos los inmigrantes cuando están irregulares”, agregó Txema Toribio, trabajador de la ONG Psicólogos y Psicólogas sin Fronteras y conocido de Carmen.

La orden de expulsión de la mujer estaba desde el 28 de enero en la comisaría y no fue notificada a tiempo a su abogada, impidiendo que la letrada pudiera actuar para paralizar la repatriación, lo cual “es una clara vulneración del principio del derecho a la asistencia legal”, añadió Martínez.