Marino Córdoba Berrio es un líder social afrocolombiano que lleva un cuarto de siglo luchado por los derechos de las minorías étnicas de su país, misión por la que ha sido nominado como uno de los tres finalistas del prestigioso premio de derechos humanos “Martin Ennals” que hoy se entrega en Ginebra.

Su papel fue clave en la inclusión del “capítulo étnico” en los acuerdos de paz, pero en una entrevista con Efe reconoce su decepción porque más de dos años después de su firma no han servido para mejorar la vida de indígenas y afrodescendientes, que siguen siendo víctimas de paramilitares, militares y delincuentes.

“Creímos que la firma de los acuerdos de paz podría terminar con esas situaciones, pero esa realidad sigue vigente porque existe una relación estrecha entre la fuerza pública y los grupos paramilitares que actúan en los territorios (de esas minorías)”, afirma.

Según cuenta, los negocios ilegales atraen a los paramilitares a esas áreas, en particular la extracción de sus recursos mineros y forestales, así como los cultivos de hoja de coca, que pueden realizar gracias a la supuesta complicidad de las fuerzas del orden.

“Todo eso genera ingresos considerables, de modo que la fuerza pública también es sobornada y permite que los paramilitares actúen y sobre todo callen ante el asesinato de los líderes y miembros de las comunidades”, lamenta Córdoba, quien lleva un cuarto de siglo luchando por el respeto de los derechos de los afrocolombianos.

Fue uno de los personajes claves en el reconocimiento de los afrocolombianos en la Constitución en 1991, lo que llevó a que luego se establecieran sus derechos sobre sus tierras, los recursos que hubiesen en ellas y su medio

A pesar de ello, los afrocolombianos sufrieron en 1996 un primer ataque coordinado de militares y paramilitares para expulsarlos de sus tierras, provocando un desplazamiento forzado de la población, que incluyó a Córdoba y a su familia.

El activista organizó a la gente para defender sus derechos y su visibilidad fue en aumento hasta que sufrió un atentado en 2002 que le llevó a convertirse en refugiado político en Estados Unidos, desde donde continuó con su activismo en favor de los afrocolombianos, hasta su retorno a Colombia en 2012.

Córdoba se entregó a trabajar para que el acuerdo de paz que se negociaba con las FARC incluyera un capítulo sobre los derechos de las comunidades étnicas, con la confianza de que esto les aportaría paz y prosperidad, lo que el activista ve con decepción que no ha ocurrido.

“Seguimos respaldando el proceso de paz y el acuerdo como un instrumento para un desarrollo acorde a nuestra cultura, pero el nuevo gobierno no ha asumido como prioridad el cumplimiento del acuerdo”, lamenta.

Explica que esa inacción está provocando que a las zonas que abandonó las FARC en cumplimiento de los acuerdos hayan llegado “paramilitares, narcotraficantes y delincuentes”, lo que ha provocado que “la situación de las comunidades empeore”.

Esto ha hecho más vulnerables a los líderes sociales y a sus familias, como lo demuestra el caso de Wilmar Córdoba, hijo del líder afrocolombiano, quien fue asesinado en octubre de 2016 tras amenazas recibidas por su padre por su rol de defensor de los derechos humanos.

“Hoy todos los líderes sociales están amenazados. Los asesinatos van en aumento, con 16 líderes sociales asesinados sólo desde que empezó 2019 Y más de 400 desde la firma de los acuerdos de paz”, denuncia.

Córdoba agrega que la impunidad caracteriza esos crímenes porque “hay un patrón de no investigación y de no procesamiento de sus autores materiales e intelectuales”.

El dirigente afrocolombiano realiza por ello sus actividades de cada día en Colombia acompañado de guardaespaldas, pero firme en su decisión de continuar defendiendo a su marginado colectivo.

Este empeño atrajo la mirada del jurado del premio “Martin Ennals”, una distinción anual concedida por un grupo de diez prestigiosas ONG internacionales de derechos humanos, y para el que también están nominados otros dos activista que han sacrificado sus vidas por defender los derechos de otros.

Acompañan en la terna a Córdoba la jurista turca Eren Keskin, quien defiende desde hace treinta años los derechos de las mujeres, de la minoría kurda y del colectivo LGBTI en su país, y que ha sido sentenciada doce años de cárcel por apoyar la publicación de un periódico turco clausurado por las autoridades.

El sudanés Abdul Azis Mahamat es el tercer candidato al premio por su defensa de los derechos de los inmigrantes transferidos por el Gobierno australiano a un centro de detención que financia en la isla de Manus (Papua Nueva Guínea), de los que él es parte y que viven en condiciones abyectas.