Así lo establece una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada el pasado 13 de diciembre de 2018. “El problema es que estamos viendo que esta resolución ha pasado desapercibida, y la prueba de ello es que las compañías de autobuses siguen realizando esa labor de control”, alertó el abogado y miembro de SOS Racismo Gipuzkoa, Mikel Mazkiaran.

El jueves pasado, un joven senegalés que se disponía a comprar su billete en la estación de autobuses de Donostia con destino a Portugal no pudo hacerlo porque se le pidió el pasaporte. Al día siguiente la Red Ciudadana de Acogida intervino para que le expidieran el ticket. Peor suerte corrió una mujer de Costa de Marfil que, según la denuncia pública hecha ayer, se disponía a trasladarse el pasado 27 de enero a París junto a su hija pequeña y se tuvo que quedar en el punto de partida por el mismo motivo, viéndose obligada a pernoctar en la estación.

Consultados al respecto, hay chóferes que alegan que se limitan a seguir una normativa interna. Pero la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE es no admite discusión. “Europa ha dicho de forma clara que no se puede pedir el pasaporte a una persona que viaje a otro país”, zanjó Mazkiaran. A su entender, la empresa transportista no puede alegar que realiza labores de inspección fronteriza porque “no le corresponde realizar este tipo de controles y, en todo caso, sería la policía la encargarla de realizarlos”. Práctica que, según denunciaron, cobraría mayor sentido en la muga y no en la estación de autobuses de Donostia, “por lo que no cabe alegar que el control de pasaportes forma parte de una suerte de colaboración con la policía de fronteras”.

Ambas organizaciones hacen un llamamiento para que las empresas de transporte por carretera dicten las recomendaciones necesarias para que cese el control de pasaportes y documentos de viaje, contrario al derecho de la Unión Europea. A partir de ahora, las entidades de apoyo a las personas migrantes tienen previsto comunicar a las empresas de autocares que cesen con estas prácticas.

Tras un tiempo de observación, y a la espera de la respuesta que reciban, realizarán los trámites legales que sean necesarios para que se cumpla la sentencia. El origen de esta resolución está en un litigio iniciado en Alemania donde, según la ley nacional, los transportistas estaban obligados a pedir el pasaporte a los pasajeros.