Sólo un 7% de las personas mayores que necesitan cuidados reciben ayuda de los servicios sociales. El resto es atendido mayoritariamente por familiares, fundamentalmente esposas e hijas. Los expertos calculan que se trata de un trabajo de más de 2.600 horas al año que, a precios de mercado, equivaldría a entre 13.000 y 28.000 euros. Pero estos cuidadores informales no cobran por ello. Al contrario, muchos han tenido que dejar su trabajo y renunciar a sus ingresos para atender al dependiente.
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La atención a las personas dependientes – aquellas que por edad o por una discapacidad necesitan ayuda para realizar las actividades cotidianas se realiza sobre todo en el ámbito familiar y recae especialmente en las mujeres. En concreto, éstas son el 83% de los llamados cuidadores informales, con un perfil de entre 40 y 59 años, casadas, sin ocupación remunerada, que dedican a esta ayuda unas diez horas al día durante una media de seis años, además de encargarse también de los hijos y de las tareas del hogar. En cuanto a la relación de parentesco, prácticamente un tercio de las personas mayores son cuidadas por su hija, un 22% por su cónyuge y un 5,6% por un hijo. Así se desprende del estudio Las personas mayores en situación de dependencia. Propuesta de un modelo protector mixto y estimación del coste de aseguramiento en España realizado por un grupo de investigadoras de la Universidad Autónoma de Madrid y ganador del premio Edad & Vida que concede el instituto del mismo nombre.
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El estudio, al igual que el Libro Blanco sobre la atención a las personas dependientes elaborado desde el Gobierno, subraya que solamente un 20% de los cuidadores recibe compensación económica. “Los costes de oportunidad que se derivan de la dura tarea que representa el ser cuidador se manifiestan en el ámbito laboral: abandono del trabajo, reducción de la jornada, imposibilidad de trabajar; pero también en la salud – depresión y deterioro de su salud – y en las relaciones afectivas y sociales, por la reducción del tiempo de ocio y vacaciones”, aseguran las autoras del informe.
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Y, en este sentido, realizan una estimación sobre la aportación monetaria que estos cuidados familiares representan. Al precio público que tiene la hora del servicio de ayuda a domicilio, cuidar a esa persona dependiente las mismas horas que le cuida su hija o esposa supondría un gasto anual de 28.158 euros. Una estimación más conservadora, rebajando el precio de la hora a la mitad por considerar que el cuidador familiar no es “profesional” y por tanto cobraría menos, deja el gasto en 13.073 euros. El estudio calcula también la repercusión económica que implican los cuidados por parte de un inmigrante – solución adoptada cada vez por más familias – , o por la empleada del hogar. Actualmente, el único beneficio económico que tienen los familiares cuidadores son algunas reducciones en su declaración de la renta (ver gráfico).
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El proyecto de ley de Autonomía Personal y Dependencia que se tramita en el Congreso asume de alguna manera la trascendencia económica de la ayuda familiar y promete compensaciones económicas a estos cuidadores informales. Aunque la ley aboga por la prestación de cuidados profesionales para las personas dependientes, establece que “de modo excepcional” se podrá optar por ser atendido en su entorno familiar y, en ese caso, “el cuidador recibirá una compensación económica por ello”. Pero para ello, el cuidador deberá darse de alta en la Seguridad Social – según fuentes del Ministerio de Trabajo, el Sistema Nacional de Dependencia subvencionará la mayor parte de sus cuotas – y someterse a programas de formación.
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Pero muchos expertos consideran que este reconocimiento económico a los familiares que cuidan a sus mayores no es la solución a sus problemas sino que los perpetúa.
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“Es difícil conciliar la vida laboral con la atención a una persona dependiente, y del mismo modo que hay que preservar la atención a los dependientes, también hay que velar por los cuidadores y su derecho al propio desarrollo laboral, profesional y social; y estas ayudas pueden provocar que haya gente que se desmotive a participar en la sociedad”, dice Albert Vergés Millet, director general de Edad& Vida. No rechaza que las familias reciban ayudas para cuidar a sus mayores u otras personas dependientes, pero reivindica que ese apoyo vaya vinculado a que contraten servicios profesionales para atender al dependiente. “De esta forma se asegura la calidad de los servicios que reciben las personas en situación de dependencia y sus familiares pueden incorporarse con tranquilidad al mercado de trabajo”, enfatiza Vergés.
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Posibles ayudas
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Tanto el director de Edad& Vida como otros conocedores de los servicios de atención a los mayores llaman la atención sobre la dificultad que tendrán las Administraciones para controlar que las compensaciones económicas se destinan realmente a atender al dependiente si no se vinculan a facturas de gastos profesionales. Algunas fuentes estiman que la ampliación gradual de la cobertura a más personas dependientes que prevé la ley, sumada a la disminución del número de hijas, nueras y nietas que pueden cuidar a los mayores como consecuencia de su actividad profesional, supondrá la creación de más de 200.000 empleos.

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En este sentido, el estudio premiado por Edad & Vida plantea que las prestaciones a las personas dependientes deberían ser de tres tipos: a domicilio – mediante un cheque asistencial para pagar al cuidador informal o contratar servicios de ayuda – , residencial, y subvenciones para adecuar la vivienda o adquirir aparatos auxiliares que les hagan la vida más fácil. Para financiar estos servicios se propone un impuesto per cápita obligatorio para los mayores de 25 – 30 años (que también podría ser una prima obligatoria a un seguro de dependencia), el copago en función de la capacidad económica en el momento de recibir las prestaciones, y la promoción mediante incentivos fiscales de seguros privados de dependencia para quienes quieran completar los servicios básicos públicos.

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El proyecto de ley en trámite, sin establecer ningún impuesto ni aportación obligatoria, sí prevé unos servicios básicos y el acceso a prestaciones en función de la capacidad económica del dependiente y el disfrute de incentivos fiscales para quienes quieran optar por un seguro privado de dependencia.

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