La Diputación de Gipuzkoa escribió el pasado mes de diciembre el punto y final a la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI), tras seis años en vigor, casi 10.000 personas beneficiadas y un gasto total que ha rozado los 50 millones de euros para las arcas forales. En los años de máxima demanda, en torno a 2.000 personas sin recursos económicos, la gran mayoría de origen extranjero, se beneficiaron del subsidio guipuzcoano. En sus inicios, hasta que echó a rodar el sistema, la cifra fue más reducida y, tras aumentar año tras año, desde 2016, cuando el actual gobierno foral decidió cerrar el acceso a nuevas solicitudes, el dato fue también progresivamente en descenso hasta quedarse a cero a 31 de diciembre 2018, como ya estaba anunciado. La demanda real por encima de las previsiones iniciales, el «efecto llamada» que provocó el subsidio –no existe en ninguno de los otros dos territorios vascos– y la factura anual de hasta 11,5 millones de euros fueron varios de los motivos argüidos por el actual gobierno foral de PNV y PSE para extinguir la prestación, una ayuda que hacía de puente para las personas que no podían acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la principal prestación contra la pobreza en Euskadi, al no cumplir los requisitos de llevar tres años empadronados en el País Vasco.

La prestación social AGI fue creada por el anterior gobierno de Bildu en 2012, de forma exclusiva para beneficiarios sin recursos que llevaran empadronados en Gipuzkoa al menos seis meses, requisito que luego se endureció a un año en el mismo mandato. Fue la primera señal emitida de que las solicitudes empezaban a crecer a un ritmo más alto del previsto.
PUBLICIDAD

inRead invented by Teads

El subsidio guipuzcoano se ideó para cubrir los recortes introducidos desde el Gobierno Vasco en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que se puede cobrar en los tres territorios y se financia a cargo del presupuesto autonómico. Para aspirar a esta ayuda, había que acreditar un año de empadronamiento, pero ante el aumento de la demanda por la crisis, el Ejecutivo del socialista Patxi López (con los votos del PSE, PNV y PP, y la oposición de Aralar, EA y EB) pasó a reclamar tres años de padrón. El gobierno guipuzcoano, entonces presidido por Martin Garitano, decidió contrarrestar el recorte y, reformulando dos ayudas que ya existían, diseñó la bautizada como AGI, de similar cuantía que la RGI, unos 700 euros al mes de media. De esta forma, los beneficiarios recibían un apoyo económico durante dos años hasta que podían acceder a la prestación del sistema vasco de garantía de ingresos.

La llegada del PNV al ejecutivo foral (en gobierno bipartito con el PSE) ya hizo presagiar que la ayuda guipuzcoana iba a ser uno de los asuntos de debate sobre la mesa, visto el desacuerdo mostrado por los jeltzales desde el origen de la prestación. La principal crítica se refería al hecho de que se hubiera creado una ayuda propia en Gipuzkoa, fuera del modelo compartido de garantía de ingresos en todo Euskadi, y el temor a que ello pudiera causar un efecto llamada en forma de una demanda sobrevenida.

En 2016, a mitad de legislatura y tras varios meses de rumores entre bambalinas, la Diputación foral decidió prescindir de la ayuda y extinguirla de forma progresiva, no sin las críticas de EH Bildu y de Podemos. El anuncio lo formalizó la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, apoyada en un informe foral en el que se reveló que la AGI había atraído una inmigración inhabitual de difícil inserción. En el análisis se ponía el acento en el hecho de que la ayuda había provocado un «efecto llamada» de población extranjera que «no se corresponde» con el perfil habitual de la inmigración en el territorio. Así, se radiografiaron todos los municipios y se constató que había una concentración de perceptores en determinadas comarcas, como el Bajo y Alto Deba, según reflejaba aquel documento, germen de la polémica entre la oposición y colectivos sociales, que exigieron a la Diputación que reconsiderara la decisión de extinguir la ayuda social.

El fin de la ayuda no tenía vuelta atrás y en junio de 2016 se cerraron las puertas a nuevas solicitudes. En estos dos últimos años se ha seguido pagando la cuantía mensual (la media de la prestación ha sido de 706 euros al mes) a aquellos perceptores que cumplían los requisitos y se permitió, como excepción, un plazo extra para las familias con hijos menores a su cargo, que han sido las últimas en salir del sistema. La clausura definitiva se ha hecho efectiva este pasado mes de diciembre.

un modelo hacia la inserción
El cierre de la ayuda social tuvo un impacto directo en los presupuestos del Departamento de Política Social hasta ver desaparecer la partida dedicada a la AGI este año. La Diputación empezó en 2012 pagando casi un millón de euros para la prestación a abonar 11,5 millones en 2015, el año de mayor desembolso. En 2017, ya solo se invertían 5,9 millones y el año pasado la factura se quedó en poco más de un millón de euros.

La Diputación, como ya daban por descontado sus responsables, tuvo que defender esta decisión y se armó de un plan cuyo objetivo es la inserción socio laboral de las personas en riesgo o situación de exclusión social, el bautizado como ‘Elkar-Ekin’. El programa fue presentado el mismo día en que se certificó la clausura de la AGI y se insistió en que no era un sustituto de la ayuda social, sino un camino diferente que tomaban con todas las consecuencias. El factor diferencial ha sido el de la búsqueda del empleo, sujeto a un plan individualizado de inserción, remarcó la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, en varias ocasiones. Se incluyó una nueva ayuda económica, de hasta 600 euros, que se puede cobrar durante un máximo de seis meses prorrogables en casos puntuales. Pero condicionada a varios requisitos, no solo al del empadronamiento, como ocurría con la AGI.

El Departamento hace un balance «muy positivo» del plan ‘Elkar-Ekin’. En 2018, un total de 957 personas (402 mujeres y 555 hombres) en riesgo o situación de exclusión social que han participado en este itinerario encontraron empleo, lo que supone una de cada cuatro participantes.

11,5 millones que han ido a parar a dependencia e inclusión
El ahorro de la AGI ha permitido derivar estos recursos a las partidas con aumento de gasto, defiende la Diputación. Una y otra vez, el Gobierno foral ha tenido que defenderse de la acusación de haber aplicado un «recorte social», como le han reprochado en numerosas comparecencias desde EH Bildu y Podemos. Colectivos sociales como Cáritas también lamentaron la desaparición del subsidio.

La decisión de eliminar la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI) no obedecía únicamente a una cuestión económica, han explicado desde el Departamento de Políticas Sociales, pero la factura de 11,5 millones de euros al año que suponía esta prestación empezaba a ahogar unas cuentas sobre las que recae cada vez más presión de demanda y de gasto. La inversión foral en políticas sociales se lleva prácticamente la mitad del dinero del presupuesto de todos los departamentos de la Diputación. Este año parte con 389 millones de euros, frente a los 338 millones de 2015, lo que supone un aumento del 15%. Los responsables forales lucen esos números para argumentar que no solo no ha habido recortes, sino que la partida social se ha incrementado.

La eliminación de la AGI y sus 11,5 millones de euros de factura anual han permitido derivar estos recursos a otras partidas con cada vez más demanda y gasto, como son las prestaciones económicas por dependencia, en las que el año pasado se invirtieron 57,4 millones de euro, prácticamente 11 más que en 2015.

En general, todas las partidas del área de política social han crecido en presupuesto en estos últimos años. El capítulo de inserción social, por ejemplo, ha pasado de suponer 24 millones de euros al año a 30,5. Infancia (con 48 millones al año) o discapacidad (con 48 millones también) figuran igualmente en el balance de crecimiento.