El Gobierno francés publicó en el Diario Oficial este jueves un decreto que modifica el proceso de evaluación de menores extranjeros no acompañados (Menas) y pone en marcha un fichero único a nivel nacional para “luchar contra la entrada y estancia irregular” de migrantes en Francia.

Este registro, previsto por la recién aprobada ley de inmigración, incluirá fotografías de la persona y sus huellas digitales, pero también datos personales, como el estado civil, la nacionalidad, las lenguas habladas, la fecha y condición de la entrada en el país y datos de contactos.

El texto entrará en vigor este viernes 1 de febrero con el objetivo de reforzar el papel de la Administración central a la hora de evaluar si son menores y “crear un tratamiento de datos de carácter personal para garantizar la protección de la infancia”.

Los departamentos en que se divide administrativamente el territorio francés y que son competentes en la protección de la infancia han visto como se triplicaba el número de Menas en los últimos dos años, hasta situarse en 40.000 a finales de 2018.

En ese contexto, habían reclamado la intervención de la Administración del Estado porque se han disparado sus costes de atención de ese colectivo, así como un fenómeno de “nomadismo”: algunos solicitantes de ayuda a los que se les niega por considerarlos mayores de edad en uno de los 101 departamentos del país repiten su demanda en otros.

El nuevo dispositivo ha recibido la crítica de organizaciones como Unicef o Médicos del Mundo, pero también del defensor de los derechos, Jacques Toubon, de la entidad que reúne a los colegios de abogados y el Consejo Nacional de Protección de la Infancia.

Esas organizaciones consideran que, como los métodos usados para determinar de forma exacta la edad de un menor son poco fiables, el nuevo registro al acabar con ese “nomadismo” en la práctica limitará los derechos de los demandantes de protección, con el riesgo de que algunos menores queden excluidos.

Se quejan de que el Ejecutivo vea a estas personas “como inmigrantes que deben ser expulsados en lugar de niños que necesitan protección”.

Prefecturas, consejos departamentales, los fiscales competentes y el Ministerio del Interior tendrán acceso a esta base de datos.

Al crearse la ficha, la persona será informada de los datos que se recopilan y, si se niega a ofrecerlos o al tratamiento que a partir de ahora establece la ley, el presidente del consejo departamental será informado del caso.