Human Rights Watch (HRW) denunció hoy la amplia represión que el gobierno de Birmania (Myanmar), el primero elegido democráticamente tras casi medio siglo de regímenes militares, ejerce contra sus críticos.

En un nuevo informe, la organización recriminó a las autoridades del país asiático el uso del código penal contra activistas y periodistas que ejercen su derecho a la libertad de expresión para criticar al gobierno, las fuerzas armadas o los abusos cometidos contra varias minorías del país.

Según el informe, al menos 43 periodistas han sido detenidos bajo leyes como la de Telecomunicaciones o de Secretos Oficiales desde que el gobierno de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) encabezado por la Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, tomó posesión en 2016.

Entre estos casos destaca el de los periodistas de la agencia Reuters, Wa Lone y Kyaw Soe Oo, que investigaban una matanza de musulmanes rohinyá por parte de las fuerzas de seguridad, y que fueron condenados en diciembre a 7 años por espionaje.

El documento también denuncia el aumento del número de activistas detenidos bajo leyes como la de Reunión o Manifestación Pacífica por organizar o participar en protestas, con al menos 45 casos en 2018.

“Aung San Suu Kyi y la Liga Nacional para la Democracia prometieron una nueva Birmania pero el gobierno sigue persiguiendo la expresión pacífica y las protestas, y ha fallado en la revisión de viejas leyes opresivas”, dijo la consejera legal de HRW, Linda Lakhdhir, en un comunicado.

“(El gobierno) ha tenido una oportunidad real de abolir estas herramientas de opresión utilizadas por las juntas militares pero en lugar de esto las ha utilizado en contra de críticos y manifestantes pacíficos”, añadió.

La organización urgió al gobierno birmano a enmendar estas leyes para que sean conformes a la ley internacional y respeten derechos humanos como las libertades de expresión y reunión.

La NLD formó gobierno tras ganar las elecciones en noviembre de 2015 , casi cinco años después de que la última junta militar se disolviera y traspasara el poder a un gobierno civil formado por exgenerales.

Las Fuerzas Armadas siguen gozando de amplios poderes gracias a la Constitución que hizo aprobar la última junta en 2008, que les reserva una cuarta parte de los escaños del parlamento y ministerios clave como Defensa, Interior y Fronteras.