Con la incógnita sobre el futuro de la reforma anunciada, la demanda de la Renta de Garantía de Ingresos –la principal prestación contra la pobreza en Euskadi– sigue a la baja, lo que da aire al Gobierno Vasco y, en concreto, al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que dirige Beatriz Artolazabal. 2018 consolida la tendencia a la baja. En Gipuzkoa, diciembre cerró con 12.992 perceptores, un 8,1% menos que en el mismo mes del ejercicio anterior. El descenso llega a todos los grupos, pero se mantiene el abultado peso en la estadística de los trabajadores pobres, que siguen suponiendo el 21,4% del total de titulares de la prestación, en concreto 2.782 personas el pasado mes de diciembre.

La previsión de la consejería es que en 2019 continúe el retroceso en la demanda, sujeto a la mejora de las cifras de empleo, aunque aún queda lejos el escenario de antes de la crisis, cuando no se alcanzaban los 8.000 beneficiarios del subsidio en Gipuzkoa. El Ejecutivo encara el año con el tercer intento de negociación para sacar adelante su propuesta de modificación de la Ley de Garantía de Ingresos, en vigor desde 2008, tras los fracasos con los grupos parlamentarios antes de verano y en la negociación de las Cuentas de 2019 con EH Bildu este pasado otoño. Algunos de los puntos en los que se tiene más consenso son la necesidad de mejorar las ayudas a las familias pobres con hijos, o la reducción de tres a dos años de requisito de empadronamiento para los hogares con menores, o de eximir a las personas refugiadas de esta condición para poder cobrar el subsidio, pero hay propuestas donde las distancias siguen pareciendo insalvables, como es la eliminación del SMI como referencia para actualizar las cuantías o el hecho de establecer el requisito de otorgar únicamente una RGI por vivienda, que se abre a excepciones.