El Partido Popular ha aceptado el envío de datos a la Policía de los inmigrantes en situación irregular que acudan al médico con la finalidad de expulsarlos, como exigió Vox en su documento de propuestas este martes. El acuerdo definitivo del PP y la formación de extrema derecha acepta “apoyar documentalmente” a las fuerzas de seguridad para promover “la cultura occidental” y “el mercado laboral”. 

Según el texto del pacto, ambos partidos se comprometen a "apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral". 

Además, el pacto PP – Vox también se compromete a “c umplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un “efecto llamada” y combatir a las mafias que trafican con personas”. Organismos internacionales como el Alto Comisionado para las Naciones Unidas llevan tiempo insistiendo en la inexistencia de tal “efecto llamada”, sino que las causas particulares de persecución y miseria empujan a la mayoría de las migrantes a abandonar sus hogares, independientemente de las políticas aplicadas. 

Este martes, Vox lanzaba entre sus peticiones al PP  denuncie ante la Policía a los inmigrantes que, según los registros autonómicos, se encuentren en situación irregular.  En este sentido exigió la colaboración "en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados". Según la formación de extrema derecha el Gobierno andaluz “posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ’ilegales”. Este dato coincide, según el sindicato de la Policía UFP, con el número de extranjeros que cuentan con una tarjeta sanitaria o el documento de Reconocimiento Temporal sanitario”.

Un día después, el Partido Popular ha aceptado su propuesta, algo que choca con lo establecido por las leyes de protección de datos, que impiden la cesión de datos de los historiales médicos entre administraciones públicas sin orden judicial o si la finalidad no es médica, estadística o histórica. 

La ONG Médicos del Mundo ha alertado de que este tipo de propuestas “generan un efecto disuasorio”. “Estas informaciones generan miedo entre la población migrante en situación irregular, incluso cuando tienen derecho a ello. Si se convirtiese en Ley, eso tendría una efecto muy grave en la salud del colectivo pues quienes se viesen afectados no irían al médico. Va en contra de un sistema sanitario moderno y contra el principio de prevención”, inciden desde la ONG.