En Madrid, en un lugar que ambas partes se negaron a revelar, y sin la presencia del candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, tiene lugar este martes una reunión entre la cúpula popular y la de Vox que no solo pone en peligro los planes del PP para gobernar la comunidad, sino que aplaca el optimismo de su líder, Pablo Casado, convencido de la posibilidad de exportar el pacto de las derechas a otros territorios en las elecciones autonómicas y municipales de mayo. La alianza encalla, de momento, en la primera parada. Vox reclama atención, no tiene intención de ponérselo fácil. Y el sector del PP que ha criticado la estrategia de su líder al considerar que estaba legitimando el discurso del partido de extrema derecha, se sintió reivindicada.

Javier Ortega, secretario general de Vox, Rafael Bardají, miembro de la cúpula del partido y ex asesor de José María Aznar, y Francisco José Contreras, dirigente de la formación en Sevilla, entregaron, poco antes de las cinco de la tarde al secretario general del PP, Teodoro García Egea, el vicesecertario de organización, Javier Maroto y la vicesecretaria de comunicación, Marta González, un documento con 19 peticiones que abarcan la legislación autonómica, la nacional y hasta una exigencia de disculpas, en forma de “declaración institucional” desde la presidencia de la Junta, por los “ataques de odio” de los que dicen haber sido víctimas.

El PP, que tenía prácticamente cerrado su acuerdo con Ciudadanos, partido con el que ya se repartía consejerías, tachó el documento de “inaceptable” y definió sus propuestas como “despropósitos”. Los populares necesitan el voto de los 12 diputados de Vox para investir a su candidato.

Como ya habían avanzado sus representantes, Vox pidió al PP la derogación de la ley andaluza contra la violencia de género, además de la que promueve la igualdad en Andalucía, la que garantiza los derechos del colectivo LGTBI y la de la memoria histórica en la comunidad. La formación de extrema derecha considera que el concepto “de género” debe sustistuirse por “intrafamiliar” —miembros del PP incluyeron ese término en su discurso los días previos al encuentro de este martes—. Opinan que la norma “prejuzga el sexo del agresor” y permite “una lluvia masiva de subvenciones” a lo que llaman “asociaciones de feminismo supremacista”. Quieren eliminarlas todas.

A Vox lo que le preocupa es la gran cantidad que dice que hay de “denuncias falsas” por malos tratos y “el adoctrinamiento permanente sobre perspectiva de género a la infancia”. En el caso de la ley LGTBI considera que les otorga “privilegios injustificados”. A cambio de esas leyes de protección de las maltratadas piden redactar dos nuevas: una “de protección de la tauromaquia y la caza” y otra de “protección de la cultura popular y las tradiciones”.

Conscientes de que desde el Parlamento andaluz no pueden abolir el Estado autonómico, piden otra “declaración institucional” desde la presidencia de la Junta “a favor de la apertura de un proceso nacional de devolución al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público”. En este apartado, no obstante, no están tan alejados del PP. Casado aseguró durante la campaña que es posible, sin cambiar la Constitución, que el Estado sea el titular de la competencia en Educación, por ejemplo, y que la autonomía simplemente la adminsitre (pague a profesores etc). Ambos partidos comparten la idea de que es necesario combatir el “adoctrinamiento”.

En cuanto a inmigración, otra de sus banderas, Vox quiere expulsar a 52.000 inmigrantes sin papeles, ya que argumenta que la Junta dispone de la documentación para hacerlo, pero no comparte esa información con la policía, actuando como “encubridora”.

En el apartado que denominan “control del fundamentalismo islámico”, Vox plantea suprimir las subvenciones a “asociaciones islámicas”. Y en el de educación, la implantación de un “PIN parental” para que los padres puedan excluir a sus hijos de “enseñanzas, charlas o actividades de carga ideológica o moral contraria a sus convicciones”. Piden, además, la garantía de que en las aulas “no se difundirá ninguna ideología que niegue hechos científicos indubitados, con especial atención a la biología” y que los andaluces que residan en otras comunidades no tengan que escolarizar a sus hijos en una lengua cooficial.

“A Vox parece importarle más Vox que los andaluces”, lamentaron fuentes del PP. “Con este documento demuestra que no quiere un acuerdo. Si no cambia su postura, estará desperdiciando una oportunidad histórica”. Muy enfadado, el portavoz del PP en el Parlamento vasco, uno de los más críticos con la formación de extrema derecha, estalló: “Ya puestos, hubiera sido más directo exigir la expulsión de Andalucía a los que no sean de Vox, pero pata negra. Y nos evitamos tanto rollo”.

El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, aseguró que no permitirán ningún cambio a la ley de violencia de género, reformada por unanimidad la pasada legislatura, informa Eva Sáiz. Tampoco están dispuestos a modificar las medidas ya pactadas con el PP. Ambos partidos se reúnen este miércoles de nuevo en Sevilla, sabiendo que Vox vende muy caros sus 12 votos para desalojar al PSOE de la Junta. Al menos, de momento.