Manifestaciones en Hungría contra la "ley de esclavitud" de Orbán

La normativa eleva de 250 a 400 el número de horas extras anuales y permite a las empresas aplazar el pago hasta 36 meses

El Periodico, Efe, 05-01-2019

Miles de personas se han manifestado de nuevo en Budapest, en protesta contra la reforma laboral del primer ministro húngaro, el nacionalista Viktor Orbán, a la que se ha bautizado como “ley de esclavitud”.

“¡No pararemos!” ha sido el lema de la marcha, convocada por sindicatos, organizaciones estudiantiles y partidos de la oposición en alusión a las protestas iniciadas a mediados de diciembre, después de que la mayoría parlamentaria del partido de Orbán, el Fidesz, aprobara la polémica normativa.

Esta legislación eleva de 250 a 400 el número de horas extra anuales, lo que supone para algunos empleados trabajar seis días a la semana, y, además, permite a las empresas aplazar el pago de ese tiempo extra hasta en 36 meses. Aunque según la ley las horas extras son voluntarias, los sindicatos y otros críticos señalan que quienes se nieguen a aceptar trabajar quedarán “marcados” y correrán el riesgo de despido.

Los 6.000 participantes en la marcha de hoy, según estimaciones de medios húngaros, ha anunciado que el 2019 será “el año de la resistencia” y han prometido más manifestaciones y otras formas de protesta, como huelgas y cortes de carreteras.

En esta jornada los grandes protagonistas han sido los sindicatos, que antes de la manifestación dieron un “ultimátum” al Gobierno y anunciaron que, si no se cumplen sus peticiones, convocarán huelgas a partir de febrero. Las cuatro exigencias de los sindicatos son una nueva norma laboral y la abolición de la “ley de esclavitud”, el aumento de los salarios, la regulación del derecho a la huelga y una reforma del sistema de pensiones.

Hungría sufre de falta de mano de obra, ya que el desempleo es del 3,6%, mientras que en los últimos años se aceleró la emigración de jóvenes cualificados. Pese a la falta acuciante de trabajadores en algunos sectores, el Gobierno aplica algunas de las políticas más restrictivas frente a la inmigración de la Unión Europea (UE).

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