La ley de seguridad de Matteo Salvini, que endurece las políticas migratorias, continúa generando división en Italia. Varios alcaldes de algunas de las principales ciudades han lanzado un pulso al ministro del Interior y han anunciado que no aplicarán las disposiciones de la norma que según ellos están destinadas solo a complicar la vida de los extranjeros. En un momento de ausencia de oposición al Gobierno a nivel nacional, este movimiento cobra mayor fuerza.

Para el alcalde de Palermo, Leoluca Orlando, heredero del ala de izquierdas de la antigua Democracia Cristiana y el primero en abrir la brecha con el Gobierno central, en este precepto hay mucho de discriminación y poco de auténtica seguridad. “Apesta a racismo”, ha dicho y ha añadido: “Es un texto inhumano que viola los derechos humanos e induce al crimen al calificar como ilegales a personas que se encuentran legítimamente en nuestro territorio”. Su ataque directo a Salvini no queda ahí: “Todos los regímenes [totalitarios] comienzan con unas leyes raciales”, ha lanzado. Los alcaldes de Nápoles, Florencia, Reggio Calabria y Parma han sumado fuerzas con Orlando y han anunciado que tampoco aplicarán el controvertido artículo.

Salvini, líder de la ultraderechista Liga, entró de inmediato en la guerra dialéctica y acusó a los alcaldes de explotar la polémica “para sentirse un poco de izquierdas”. También ha pedido públicamente la dimisión de los “desobedientes”, a quienes ha llamado “amigos de los clandestinos, traidores de los italianos”, y ha anunciado inspecciones extraordinarias en los padrones de los Ayuntamientos. “No les envío al ejército, pero tendrán que responder legalmente por ello”, ha dicho.

Con Luigi De Magistris, regidor de Nápoles, Salvini mantiene históricamente una encendida rivalidad, particularmente candente en materia migratoria. El alcalde, en declaraciones a este periódico considera que “es muy grave que el ministro del Interior de un Gobierno intimide a los alcaldes que simplemente quieren aplicar la ley en conformidad con la Constitución, no quieren eliminarla o romperla”. Además, señala que en este momento en Italia “hay una gran oposición social, de movimientos, asociaciones, ciudades, redes cívicas para intentar construir una alternativa política desde abajo a este Gobierno que está poniendo a prueba la resistencia constitucional del país”.

Al margen de la nueva ley de inmigración, esta rebelión, que en otro momento hubiera pasado incluso inadvertida, en este periodo, con una oposición prácticamente inexistente y completamente descompuesta, cobra relevancia y un significado particular. En un escenario en el que el Partido Demócrata, el tradicional aglutinante de las izquierdas está sumido en discordias internas, al borde de la extinción y la derecha de Silvio Berlusconi, Forza Italia, en estado moribundo, en ausencia de una oposición real, cualquier cosa que se le parezca sirve como tal para ocupar ese espacio antagónico natural. Así se ha interpretado, por ejemplo, el discurso de fin de año del presidente de la República, Sergio Mattarella, en el que llamó a rechazar el rencor, el insulto, la intolerancia, que crean hostilidad y temor. “La verdadera seguridad se lleva a cabo, con eficacia, preservando y garantizando los valores positivos de la convivencia, dijo”.