Los alcaldes de importantes ciudades italianas, entre ellas Palermo, Nápoles, Florencia y Parma, han anunciado que no aplicarán el nuevo decreto sobre seguridad e inmigración, en un desafío a la política del ministro del Interior y vicepresidente del Gobierno, Matteo Salvini. Consideran que la ley es «inhumana» ya que induce a cometer «crimen, al calificar como ilegales a personas que se encuentran legítimamente en nuestro territorio», según explicó el regidor de centroizquierda de Palermo, Leoluca Orlando, quien inició la revuelta el jueves.

Orlando impugna en particular la medida que prohíbe la obtención del derecho de residencia a una persona con permiso de estancia en el territorio, lo que le impide acceder a la asistencia sanitaria. La reacción de Salvini fue inmediata. «¿Desobedecen las leyes? No les envío el ejército pero tendrán que responder legalmente por ello», dijo en un video publicado en Facebook. «No se trata de desobediencia civil, ni de objeción de conciencia, se trata de respetar los derechos constitucionales de todos los que viven en nuestro país», respondió Orlando.

Horas después fue el alcalde de Nápoles quien se plantó ante Salvini al ofrecer el puerto de la ciudad para acoger al ‘Sea Watch 3’, un barco con 32 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo que pudo entrar el jueves en aguas de Malta pero no tiene autorización para desembarcar.

«Espero que este barco se acerque al puerto de Nápoles porque, contrariamente a lo que dice el Gobierno, nosotros pondremos en marcha un plan de salvamento y lo haremos atracar. Yo seré el primero en dirigir las maniobras de salvamento», aseguró Luigi de Magistris en una entrevista radiofónica.

También De Magistris obtuvo la correspondiente respuesta de Salvini, quien reiteró ayer que los puertos italianos están cerrados para los inmigrantes ilegales. «Hemos acogido ya a demasiados falsos prófugos, hemos enriquecido a demasiados contrabandistas. Los alcaldes de izquierda deben pensar en las dificultades de sus ciudadanos, no en los clandestinos», afirmó el ministro y líder de la ultraderechista Liga. El regidor de Nápoles observó, por el contrario, que «el comportamiento de los gobernantes se parece al de los traficantes de seres humanos, porque se lucran políticamente haciendo creer a las personas que la infelicidad de los países occidentales se debe a la gente y a los niños que mueren en mitad del mar».

Salvini recordó a los rebeldes que el decreto fue aprobado por el Gobierno y por el Parlamento, y firmado por el presidente de la República. El primer ministro, Giuseppe Conte, intervino en la disputa y ofreció a la asociación de alcaldes una reunión para aclarar las dudas que tengan sobre la aplicación del decreto. Pero fue claro respecto a su cumplimiento: «Las posiciones (…) son inaceptables. Nuestro sistema legal no atribuye a los alcaldes el poder de realizar críticas a la constitucionalidad de las leyes: desaprobar una ley que no les gusta es equivalente a violarla, con todas las responsabilidades consiguientes».