El punto 84 del acuerdo PP-Cs que Vox quiere abolir habla de «desarrollar los avances logrados» con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género (aprobado en 2017 con la única abstención de Podemos) e «implentar con dotación presupuestaria suficiente» la ley andaluza contra la violencia machista de 2018.

¿Cómo concreta el Pacto de Estado la protección a las víctimas?
Con «asistencia social, educativa, sanitaria, judicial y laboral integral», «reforzamiento psicológico», «ayudas, incluso económicas por carecer de recursos, o el acceso a casas de acogida, pisos o residencias de mayores». Exige adecuar juzgados y comisarías para impedir el contacto víctima/agresor o dotar de recursos a los equipos psicosociales. Fija un «plan de acompañamiento judicial personalizado» a la mujer y sus hijos. Pide unidades especializadas que atiendan 24 horas los siete días (hay policías que tienen asignadas 78 víctimas cada uno). Establece inserción laboral, centros de acogida en zonas rurales o cirugía restauradora en la sanidad pública para víctimas que la precisen. Garantiza pensiones a los huérfanos y suspende visitas si los niños han «presenciado o sufrido» hechos violentos.

¿Cuánto dinero recibirán las CCAA y los Ayuntamientos?
1.000 millones de euros en cinco años: 20 anuales para los Ayuntamientos y 100 para las CCAA. Esa asignación «debe ser finalista».

¿Qué ámbitos abarca la ley andaluza?
Habla de «erradicar la violencia de género» con medidas de «prevención, protección a las víctimas, sensibilización, educativas, formativas, de detección y recuperación».

¿A quiénes afecta?
A todas las mujeres, independientemente de su edad, orientación sexual, origen, etnia, religión o situación administrativa, que sufran un daño sobre su persona «por el hecho de ser mujer». No será obligatoria la denuncia para ser considerada víctima (el 70% de las asesinadas en 2018 no había denunciado).

¿Hasta dónde llega la ley?
Crea un Plan integral de sensibilización y prevención. Se incide en contenidos educativos de igualdad, formación del profesorado, servicios sociales y sanitarios o cursos para padres y madres. Y hasta programas de reducción del riesgo de violencia machista «específicamente para hombres» que pueden incluir ayuda psicológica y rehabilitadora.

¿Cómo son las ayudas a las víctimas?
Se debe «garantizar la atención social integral, la acogida en centros y la asistencia sanitaria, psicológica y jurídica especializada». También el «apoyo a la inserción laboral y atención a los menores». Y desarrollar «programas específicos» para víctimas de trata, mujeres rurales, con discapacidad o inmigrantes. La ley obliga a proteger física y psicológicamente a niñas «aun cuando la violencia sea de carácter esporádica». Y para quien no haya denunciado o ya esté en el proceso, crea un «protocolo de acompañamiento que incluya la colaboración con organizaciones sociales dedicadas a la lucha contra la violencia de género y el apoyo de otras supervivientes».

¿Dónde podrá acudir una mujer que no se atreva a denunciar?
Los Ayuntamientos deberán «crear unidades de información y atención» y «derivar a servicios especializados» los casos. Tendrán «equipos multidisciplinares con formación acreditada y permanente». Y actuarán «en coordinación» con organismos autonómicos en materia de «igualdad, violencia de género, justicia, seguridad, educación, salud, servicios sociales y empleo».

¿Qué vigilancia de los recursos hará la Administración?
Se garantiza la «adecuada recuperación» de la víctima, y los medios podrán «prolongarse en el tiempo» si es preciso. Pero las Consejerías también «valorarán las necesidades de recursos de atención y acogida», deberán evaluar las medidas y denegarán la Renta Mínima de Inserción «si constatan un falseamiento de la declaración de ingresos».