Madrid, 25 dic (EFE).- La inmigración ha marcado la actualidad informativa en 2018 en la Comunidad de Madrid a causa de la muerte del mantero senegalés Mame Mbaye el pasado mes de marzo y la llegada incesante de menores extranjeros no acompañados a la región.

Mame Mbaye, de 34 años, llegó a España en un cayuco en 2014, se encontraba en situación irregular y se dedicaba a la venta ambulante de perfumes.

En la tarde del 15 de marzo falleció a causa de un paro cardíaco a la altura del número 10 de la calle del Oso, en las proximidades de su residencia, en el madrileño barrio de Lavapiés, después un control rutinario de la Policía Municipal contra el top manta en la Puerta del Sol.

La noticia de la muerte del mantero desencadenó esa misma noche disturbios en Lavapiés, que se saldaron con seis detenidos y diez agentes heridos.

Hubo barricadas y daños en el mobiliario urbano, vehículos, comercios y sucursales bancarias, desórdenes públicos que la Policía atribuyó a grupos radicales.

A la mañana siguiente, prosiguieron las protestas en Lavapiés, se produjeron enfrentamientos entre 150 inmigrantes y la Policía y los manifestantes increparon al cónsul de Senegal en Madrid, Mouctar Belal.

Por la tarde, en el mismo barrio, unas 2.500 personas se manifestaron por la muerte del mantero bajo el lema “Contra el racismo institucional asesino”, coreando consignas como “Policía asesina”, “Sí, sí, lo mataron”, “Nosotros somos Mame Mbaye” y “Todos somos legales”.

El mismo 15 de marzo, la concejala del Ayuntamiento de Madrid Rommy Arce dijo en Twitter que Mame Mbage era “una víctima de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores”.

Los grupos municipales del PP, Ciudadanos y el PSOE y cuatro de los cinco sindicatos de la Policía Municipal pidieron la dimisión del concejal de Seguridad, Salud y Emergencias, Javier Barbero, pero el edil permaneció en el cargo al considerar “correcta” la gestión de los altercados de Lavapiés.

El 1 de octubre, la Comunidad de Madrid puso en conocimiento de la Fiscalía la llegada “masiva” de menores extranjeros no acompañados (menas) a la región, más de mil en lo que va de año, el doble con respecto a 2017.

El Gobierno regional ha atribuido este aumento en las cifras a las políticas migratorias del Ejecutivo de Pedro Sánchez y al “efecto llamada” generado por la acogida de 630 inmigrantes del barco Aquarius el pasado 17 de junio.

La llegada de menores extranjeros solos provocó la “saturación” del centro de primera acogida de Hortaleza, que cuenta con 35 plazas, pero llegó a albergar hasta 140 chicos.

El PSOE denunció la situación de “hacinamiento” de este centro ante la Fiscalía Superior de Madrid y el Defensor del Pueblo, mientras que Podemos pidió en el Parlamento regional, sin éxito, la dimisión del director general de la Familia y el Menor, Alberto San Juan, y la reprobación de la consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, por la gestión de este problema.

Ante la sobreocupación del centro de primera acogida de Hortaleza, el Gobierno madrileño ha contratado más de un centenar plazas con distintas entidades sociales especializadas.

Pero la Administración regional se ha encontrado con la negativa de municipios como Tres Cantos, Somosierra o Pozuelo de Alarcón, así como la comunidad educativa del Instituto de Educación Secundaria San Fernando, de Madrid capital, a acoger a estos niños.

El pasado 21 de diciembre el Ejecutivo regional presentó un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para reclamar al Gobierno central algo más de 700.000 euros para atender a los menores extranjeros no acompañados que llegan a la región.

El Gobierno central aprobó el pasado mes de octubre un real decreto para repartir 40 millones de euros entre las comunidades autónomas con los que afrontar el incremento de la llegada a España de menas.

Aunque en un principio la Comunidad de Madrid no recibió ninguna cantidad de dinero en este reparto, finalmente el Ejecutivo central decidió destinar 1.583 euros a la región, lo que supone 1,3 euros para cada uno de los menores atendidos. EFE