Washington – El debate sobre la reforma de la inmigración en EE UU ha
suscitado tal movilización popular en los últimos meses que políticos como
el senador Edward Kennedy la ha comparado con las acciones a favor de los
derechos civiles de la década de los sesenta. Detrás de esta campaña de
presión social para legalizar a los 12 millones de «sin papeles» que
residen en EE UU, la gran mayoría de origen latino, ha jugado un papel
decisivo la Iglesia católica.
   Nadie puede cantar aún victoria
ya que la ley está estancada en el Senado, pero todos los analistas
coinciden en señalar que el pulso católico ha logrado cambiar la actitud
del Congreso. La Iglesia católica no sólo ha levantado su voz por una
reforma más justa de la inmigración, sino también su formidable
infraestructura organizativa en los 50 estados. Un plan de movilización
nacional llamado «Justicia para los inmigrantes» ha extendido el mensaje
entre los millones de católicos y una fructífera política de «lobby» en
Washington ha llevado a la jerarquía de la Iglesia estadounidense a hablar
cara a cara con el Capitolio y la Casa Blanca.
   «Serias
consecuencias». La movilización empezó el pasado diciembre, cuando la
Cámara de Representantes de mayoría republicana aprobó una propuesta de
ley que criminaliza a los indocumentados y a los que los asisten, a la vez
que promueve la construcción de un muro en la frontera de México. El
obispo Gerald Veranees de San Bernardino, California, fue de los primeros
en reaccionar. Escribió una carta a los legisladores en la que advertía de
las «serias consecuencias» que tendría dicha ley para los inmigrantes. «Es
una ley extremadamente punitiva que hará un daño excesivo a los
inmigrantes y a sus familias».
   La presión de la Iglesia no
había hecho más que empezar. En Washington, el cardenal Theodore McCarrick
y el obispo de Laredo, James Tamayo, daban el pistoletazo de salida a la
campaña «Justicia para los inmigrantes», en la que han participado 19.000
parroquias de todo el país. Los católicos pedían la legalización de los
«sin papales», un programa de trabajo temporal y medidas para la
reunificación familiar. El espíritu de esta estrategia echó a las calles a
miles de feligreses (los hispanos constituyen el 39 por ciento de la
Iglesia católica en EE UU), que entre el 8 y el 10 de abril se unieron a
las manifestaciones a favor de una reforma solidaria convocadas en más de
cien ciudades de todo el país.
   Varias figuras de la Iglesia
católica estadounidense han sido claves en la movilización, entre ellas el
cardenal McCarrick. «Somos una nación de inmigrantes», señaló el cardenal
de Washington el pasado mes ante una enorme marea humana en los
alrededores del Congreso. McCarrick ha utilizado su influencia para
convencer a importantes personalidades políticas de la necesidad de una
reforma justa. Según el semanal «National Catholic Reporter», once días
antes de que el Comité Judicial del Senado fuera a votar su propuesta de
inmigración, activistas católicos se reunieron por video conferencia con
sus «lobbystas» en Washington para estudiar los votos a favor y en contra
de la iniciativa. «¿Qué tal Feinstein (la senadora Dianne Feinstein)? Pon
la máxima presión sobre ella», pedía la oficina de Inmigración de los
obispos a sus compañeros en la capital.
   Desobediencia civil.
Otra de las personalidades que más ímpetu ha inyectado a la movilización
es el cardenal de Los Ángeles, Roger Mahony, que incitó tácitamente a la
desobediencia civil en el caso de que se promulgue una ley de inmigración
que castigue a los que asisten a los indocumentados. Mahony no ha dudado
en bucear en el escenario político y el 28 de abril, flanqueado por el
líder demócrata del Senado, Harry Reid, ofreció una rueda de prensa para
impulsar la reforma migratoria. Antes, Mahony y McCarrick se habían
reunido en la Casa Blanca con Karl Rove, el asesor político de George W.
Bush.
   Parece claro que los esfuerzos de la Iglesia católica han
tenido impacto. Aunque no apoyaron el boicot del pasado 1 de mayo, los
obispos han recibido cartas de los legisladores que indican su voluntad de
sacar adelante una ley que mejore el sistema actual. Los congresistas van
a retomar las negociaciones sobre la iniciativa del Senado la próxima
semana, que una vez aprobada deberá ser armonizada con la durísima ley que
aprobó en diciembre la Cámara de Representantes.